Algunos sectores políticos representados en el Parlamento arremeten contra el periodismo de investigación. (Foto: GEC)
Algunos sectores políticos representados en el Parlamento arremeten contra el periodismo de investigación. (Foto: GEC)

(CPP) presentó su informe sobre la libertad de expresión en el Perú 2019 ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el mismo que concluye que en nuestro país hay tres frentes principales de agresión a la libertad de expresión de los ciudadanos, medios de comunicación y periodistas: el aparato legislativo, las querellas por difamación y la impunidad judicial.

De acuerdo al documento publicado hoy, “el ha intentado en numerosas ocasiones afectar el libre desenvolvimiento y la libertad de expresión de ciudadanos, medios de comunicación y periodistas a través de proyectos de ley y leyes, en particular aquellas que restringen la publicidad estatal en medios privados, que obligan a la colegiatura de periodistas y que aumentan las penas de cárcel por difamación”.

“Las querellas por difamación son también una herramienta utilizada para acallar ciudadanos, medios de comunicación y periodistas, especialmente por parte de personas envueltas en casos de corrupción o abusos de poder de diversa índole”, advierte el Consejo de la Prensa peruana.

Asimismo, llama la atención sobre la impunidad y falta de justicia a lo largo del tiempo contra periodistas asesinados. “En el Perú ejercer el periodismo de investigación contra los poderosos es un trabajo de riesgo porque pone al Congreso en contra de los periodistas y la justicia no llega cuando son asesinados en ejercicio de su oficio”, concluye.

AGENDA ANTIPRENSA

Respecto del accionar de un sector del Parlamento respecto del periodismo, el advierte que se ha “fortalecido la agenda legislativa ‘antiprensa’ desde el Congreso de la República” como una suerte de respuesta “a las labores de investigación sobre los casos de corrupción Lava Jato y Lava Juez que ha llevado a cabo la prensa peruana, y que han terminado en investigaciones fiscales e incluso la cárcel para varios prominentes y poderosos políticos y jueces”.

“En represalia se presentaron en los últimos años varios proyectos de ley con el objetivo de amordazar a los periodistas, aunque varios de ellos fueron retirados debido en parte a la oportuna reacción de organizaciones de la sociedad civil”, indica.

En ese contexto, el Consejo de la Prensa Peruana hace hincapié en el proyecto de ley que propone ampliar la pena de cárcel por difamación de un máximo de tres años actual a un rango de entre cuatro y siete años. “En paralelo se ha presentado un proyecto de ley que propone despenalizar los delitos contra el honor. Así, sugiere reemplazar la pena de cárcel (por hasta tres años actualmente) por sanciones económicas. Incluye a las parodias, las sátiras y la opinión como prácticas exentas de ser causales de difamación. Se incluyen también, para casos de difamación, la prueba de la verdad, en la que el infractor quedará exento de sanción si prueba la verdad de sus afirmaciones, o haber hecho lo posible por llegar a ella”.