Cuatro países protestan por la ley de peajes

Embajadores de cuatro países remitieron ayer una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, para expresarle su preocupación por la aprobación de la Ley Nº 31018 que suspende el pago de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada en tanto dure la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El documento alerta sobre el grave impacto que supone la referida norma para diversas empresas concesionarias “cuyas inversiones se originan en nuestros respectivos países”, precisa.

Advierte que toda vez que la suspensión del cobro de peajes se mantendrá en tanto dure el estado de emergencia nacional y habiendo la posibilidad de que este eventualmente se extienda, “el impacto financiero en las concesiones viales es incalculable”.

Agrega también que al establecerse que la suspensión del cobro de peajes “no generará derecho compensatorio”, la norma “desconoce los mecanismos de negociación contractual estipulados en los respectivos contratos de concesión y el derecho de las personas a ser compensadas por daños infringidos”.

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“Esto ocasionará no solamente que los concesionarios afectados puedan verse en la eventual necesidad de declararse en quiebra sino que, además, por falta de liquidez se verán imposibilitados de brindar servicios esenciales como la operación y mantenimiento de las vías y brindar servicios de auxilio vial al no contar con los recursos para ello”.

La carta es suscrita por el embajador de Canadá, Ralph Jansen; la embajadora de Australia, Diana Nelson; el embajador de Francia. Antoine Grassin; y la embajadora de Colombia, María Claudia Mosquera Jaramillo, quienes dejan constancia de su “profunda preocupación” por una norma que -dicen- “vulnera seriamente la estabilidad y seguridad jurídica y contractual” y “compromete peligrosamente las inversiones privadas tan importantes y necesarias en un contexto como el actual en el que el Perú requiere enfrentar decididamente los impactos económicos de la pandemia del COVID-19”.

La cuestionada ley promulgada por el Parlamento, como se sabe, ha sido objeto de una acción de inconstitucionalidad por parte del Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC).

En esa línea, la representación diplomática le expresa a Manuel Merino su confianza en que, al margen de lo que resuelva el TC, el Congreso de la República tendrá apertura frente a sus propuestas.

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