El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes 3 de setiembre los informes de la Comisión de Ética que recomiendan la suspensión de los congresistas Yesenia Ponce (Peruanos por el Kambio), Daniel Salaverry (Unión Republicana), Moíses Mamani (Fuerza Popular) y Roberto Vieira (Cambio 21).
Según informó la agencia Andina, la sesión está convocada para las 9 de la mañana. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, será una sesión plenaria dedicada exclusivamente a ver los informes de la Comisión de Ética. Estos son los casos que están en agenda:
1. Yesenia Ponce
Por haber faltado a la verdad ante la Comisión al negar que vivió en el inmueble ubicado en la Avenida Del Pinar 520, urbanización Chacarilla del Estanque, conducta con la cual ha infringido lo dispuesto en el artículo 2º del Código de Ética Parlamentaria.
En su caso, el grupo de trabajo que preside Janet Sánchez recomienda una suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 60 días de legislatura, además de remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales copia de todo lo actuado.
2. Daniel Salaverry
La Comisión de Ética lo investigó por consignar en sus informes de la semana de representación actividades que no había realizado.
Recomiendan una suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 120 días de legislatura. Asimismo, enviar lo actuado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
3. Moíses Mamani
Se le investigó por presentar documentación falsa en licitaciones con el Estado y haber mentido en su declaración jurada de hoja de vida cuando fue candidato en el proceso electoral del año 2016, en lo referente a sus estudios escolares, primarios y secundarios.
Se recomienda suspenderlos por 120 días de legislatura y remitir su caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
4. Roberto Vieira
Fue investigado por los audios en los que se le escuchar pedirle a su primo 20 mil dólares a cambio de interceder a su favor por una sanción que le impuso el Ministerio de la Producción.
Se recomienda suspenderlo 120 días en el cargo con el respectivo descuento de sus haberes y remitir lo actuado al Ministerio Público donde, cabe recordar, ya viene siendo investigado. También a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.