Pese al tiempo transcurrido, el Congreso de la República no cumple hasta el momento con entregar al Ministerio Público la información que se le solicitó sobre el estado actual de la supuesta denuncia del congresista Alejandro Soto contra los cinco trabajadores de su despacho que —según un informe periodístico— habrían solventado el pago de publicidad en su favor en las redes sociales.
Como se recuerda, el presidente del Parlamento es investigado desde agosto pasado por la Fiscalía tras revelarse que su trabajadora Phenélope Contreras Cabezas, solicitaba sumas de dinero a otros servidores para financiar el pago de publicidad en favor del entonces vocero de Alianza para el Progreso.
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Por estos hechos, la fiscal de la Nación abrió una investigación preliminar contra el titular del Legislativo como presunto autor del delito de concusión y dispuso una serie de diligencias que no se han podido concluir debido a la demora por parte del Congreso en la entrega de la información solicitada por el Ministerio Público.
Por este motivo se ha dispuesto una ampliación de la investigación por un plazo de 60 días, tiempo durante el cual se prevé, entre otras cosas, recoger los testimonios de los trabajadores involucrados.