Defensa del fuero. Salvo el oficialismo, la mayoría de bancadas avala el dictamen de Constitución. (GEC)
Defensa del fuero. Salvo el oficialismo, la mayoría de bancadas avala el dictamen de Constitución. (GEC)

Concluida la semana de representación, el deberá debatir y votar la próxima semana el dictamen de insistencia sobre las observaciones a la autógrafa de ley que regula el uso del mecanismo de cuestión de confianza por parte del y que ha desatado una retahíla de cuestionamientos del oficialismo.

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¿Es cierto que el dictamen recorta las atribuciones del Ejecutivo? ¿Debe ser tratado como una reforma a la Constitución de 1993 y no como una ley de interpretación? ¿La cuestión de confianza está estrechamente relacionada a la vacancia presidencial, como sostiene el gobierno?

NORMA CONSTITUCIONAL

Los constitucionalistas Carlos Hakansson, Víctor García Toma y Aníbal Quiroga –en diálogo con Perú21– rebatieron estos argumentos y precisaron que, por el contrario, regular el uso de la cuestión de confianza permitirá garantizar un equilibrio de poderes.

“No se trata de quitarle al presidente una facultad, sino de regular la facultad que tiene para que no exista abuso en contra del Congreso”, explicó el jurista Aníbal Quiroga, quien señaló que el Ejecutivo puede presentar cuestiones de confianza pero por políticas de gobierno y temas que son de su competencia.

Desvirtuó que esta precisión legal busque propiciar una vacancia presidencial. “Al contrario. Es para evitar la disolución del Congreso utilizando los mismos argumentos absurdos que utilizó el presidente Martín Vizcarra y su entorno, quienes, a partir de una interpretación perversa y errada, desnaturalizaron la cuestión de confianza para justificar la disolución del Parlamento en 2019. Aclaró, además, que lo aprobado por la Comisión de Constitución no es una reforma constitucional sino una “interpretación natural de la cuestión de confianza para evitar otro cierre absurdo del Parlamento”.

El expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, por su parte, subrayó que cuando el Ejecutivo plantea una cuestión de confianza, debe hacerlo dentro del margen de las competencias que la Constitución y su ley orgánica le asignan.

“La norma aprobada es constitucional y no vulnera las atribuciones del Ejecutivo; simplemente precisa que la cuestión de confianza está dentro de su potestad siempre que se trate de promover o buscar una exigencia de colaboración o de cooperación sobre sus competencias, no sobre las competencias de otro órgano como el Parlamento”, acotó.

Indicó que regular el ejercicio de la cuestión de confianza dentro de una ley de desarrollo “no solo es necesario para el normal funcionamiento de los poderes del Estado y establecer los correspondientes frenos y contrapesos, sino porque, además, evita la tentación del abuso del poder”.

En tanto, el profesor en Derecho Constitucional Carlos Hakansson precisó que la ley de desarrollo delimita los alcances de la cuestión de confianza, cuyo ejercicio se ha desnaturalizado en los últimos años “en que ha tenido el propósito de querer poner sobre las cuerdas al Parlamento con el fin de dar paso a su disolución”. Agregó que eso es irregular pues si el gobierno plantea este mecanismo, debería ser para ganar en su planteamiento y no para perder, como ocurrió durante el gobierno de Vizcarra, en que se utilizó para gatillar la disolución del Congreso.

SABÍA QUE:

-La titular de Constitución, Patricia Juárez, dijo que la norma no le resta facultades al Ejecutivo, sino que recupera el equilibrio de poderes.

-La congresista de Juntos por el Perú Isabel Cortez presentó un proyecto para que, en caso de vacancia presidencial por incapacidad moral o física, se disuelva el Parlamento y se convoque a elecciones congresales.