Corrección. El Pleno no avaló el dictamen atentatorio. (Foto: gec)
Corrección. El Pleno no avaló el dictamen atentatorio. (Foto: gec)

Se impuso la razón. La pretensión del oficialismo de ponerle trabas al proceso de colaboración eficaz e impedir que el periodismo acceda a importante información fiscal que permita conocer los entretelones de casos de corrupción, como los que ahora mismo envuelven al gobierno de , no prosperó.

Por mayoría, el Pleno del Congreso envió al archivo el dictamen aprobado semanas atrás en la Comisión de Justicia. En dicha instancia, se recuerda, la iniciativa fue respaldada por unanimidad. Ayer, en la votación en el Pleno, sin embargo, algunos de los que la respaldaron –en primera instancia– como y Alejandro Cavero optaron por no pronunciarse ni a favor ni en contra, y otros como Alejandro Muñante se inclinaron por la abstención. Solo 39 congresistas de bancadas afines al oficialismo como , Podemos, Somos Perú y la facción de ‘Los Niños’ de Acción Popular apoyaron el dictamen. Hubo 54 votos en contra y 13 abstenciones.

Restricciones

En esencia, la propuesta legislativa planteaba una serie de medidas que habrían impedido el normal desarrollo y eficacia del sistema de colaboración eficaz, por ejemplo, al establecer que está prohibido corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros postulantes al mismo beneficio o al fijar plazos máximos para la celebración de los acuerdos de colaboración eficaz.

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Asimismo, el dictamen postulaba sancionar con cárcel no mayor de cuatro ni mayor de seis años a quien revele, proporcione, difunda, suministre en todo o en parte la identidad de un colaborador eficaz, testigo, etc., o el contenido de sus declaraciones. En resumen, se buscaba amordazar a la prensa.

La congresista Ruth Luque denunció que la norma ponía restricciones al proceso de colaboración eficaz y, en la práctica, “les cortaba los brazos a los fiscales que han usado esta herramienta para descubrir la verdad”.

Tenga en cuenta

  • Waldemar Cerrón propuso que se retire la sanción de cárcel para los periodistas, pero que se mantenga esta para los funcionarios con acceso a información obtenida por colaboración eficaz.
  • En el caso de estos últimos, además, se proponía su inhabilitación.

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