En un Pleno extraordinario, el Congreso aprobó una norma que impide que los funcionarios y servidores públicos sentenciados por delitos de corrupción se beneficien con la suspensión de la ejecución de la pena. La medida se aplicará para los delitos más graves, como malversación, peculado y colusión.
El presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, informó que actualmente el 95% de condenados por corrupción tiene sentencia suspendida, por lo que, finalmente, solo cinco de cada 100 funcionarios corruptos purgan condena efectiva.