Retroceso en la educación. Hoy –aprobados en primera instancia por la Comisión de Educación (CE)– que van en contra de la reforma universitaria, buscan bajarse a la y dar nuevas oportunidades a casas de estudios superiores que han demostrado no tener condiciones mínimas para seguir funcionando y obtener el licenciamiento que el ente supervisor les ha negado.

Estos son los proyectos: 697, que busca cambiar la conformación del consejo directivo de la Sunedu y regresar al polémico sistema ARN (Asamblea Nacional de Rectores), donde los rectores de las diferentes universidades se “autorregulaban” y creaban centros de estudios superiores indiscriminadamente.

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También está el PL 137, que daría una “segunda oportunidad” a universidades privadas no licenciadas, cuando esta extensión de tiempo ya la dispuso la Sunedu; y el PL 730, que plantea que las universidades creen filiales sin condiciones básicas de calidad.

Estos pertenecen a los congresistas Edgar Tello, Darwin Espinoza, Oscar Zea, Noelia Herrera, Wilson Quispe, Jorge Montoya y hasta al presidente de la CE, Esdras Medina. Ellos pertenecen a las bancadas de Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular; todos están vinculados o han tenido reuniones con miembros de universidades no licenciadas, evidenciando un claro conflicto de intereses.

Lo desaprueban

Mediante un comunicado, los exministros de Educación Daniel Alfaro, Patricia Salas, Flor Pablo, Martín Benavides y Ricardo Cuenca alertan a la ciudadanía de la “seria amenaza” que la reforma universitaria enfrenta y rechazan los dictámenes aprobados por la CE que se verán en el Pleno.

Ellos detallan que “ha costado casi una década” que las universidades en función cumplan con las condiciones básicas de calidad para el bienestar de sus alumnos y que se puso en marcha por la crisis que se vivía por la ausencia de un “mecanismo regulador”.

Por otra parte, un grupo de universidades públicas también se mostró en contra de lo que pretenden hacer algunos parlamentarios. Las universidades nacionales de Huamanga, Arequipa, Centro del Perú, Huancavelica, Tajayaca, Tarma, Huanta, Cañete y Daniel Alomía Robles manifestaron que “rechazan lo dictado por la Comisión de Educación” y que “ello reviste gravedad y causaría daño a la reforma universitaria”.

El bloque parlamentario pro reforma universitaria indicó que los dictámenes aprobados por la CE deben revisarse en la Comisión de Constitución antes de la votación en el Pleno y consideran que “son inconstitucionales (los proyectos)” porque “contravienen dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC)”. Además, exhortan a otros legisladores a promover iniciativas que respeten la Constitución y al TC.

Amenazas desde la CE

Durante la sesión de la CE de ayer, el congresista de Perú Libre Alex Paredes se mostró amenazante y refirió sobre la Sunedu que “no es una obra divina, ni nada está escrito en piedra; decir que ‘el Tribunal Constitucional emitió una sentencia’ está bien pues. Lo que se hace con una ley se puede corregir con otra”.

De aprobarse en el Pleno los cuestionados proyectos de ley, el superintendente de la Sunedu aseguró a los medios –y mantiene firme su decisión– que llevará el caso al Tribunal Constitucional.

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“Si se aprueban, vamos al TC”

Para el representante de la Sunedu, Daniel Navarro, los tres proyectos de ley impulsados por el Congreso atacan la reforma universitaria.

¿Qué harán si estos proyectos se aprueban?

Si se aprueban, vamos a tomar las acciones necesarias para que la causa sea vista en el Tribunal Constitucional. Estos proyectos de ley constituyen un retroceso, sería volver a esquemas en los cuáles las universidades tenían participación directa sobre la supervisión en la calidad de educativa.

Uno de los proyectos modifica el Consejo Directivo. ¿Qué consecuencias traería eso?

El Consejo Directivo es la instancia actual donde la Sunedu toma las decisiones sobre licenciamientos, sobre el cumplimiento de la ley universitaria. Si se modifica el consejo, las decisiones que se tomen no serán con un sentido técnico e independiente sino probablemente mirando a intereses. Recordemos que actualmente el Consejo Directivo está conformado por 7 miembros; uno es el superintendente y otro es representante del Concytec; el resto son elegidos por concurso. Si se modifica, 5 miembros de 7 representantes serían de las universidades, es muy peligroso. Tendrían mayoría en ese consejo.

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