Nuevas normas regirán en los próximos procesos electorales, empezando por los comicios municipales y regionales que se llevarán a cabo en octubre de 2018.
Por amplia mayoría, el Pleno del Congreso aprobó regular el financiamiento de las organizaciones políticas y, en ese contexto, acordó prohibir a los candidatos la entrega de dinero, regalos, alimentos, medicinas, agua y otros objetos de naturaleza económica durante la campaña electoral.
Estableció, además, que los infractores de dicha norma, que entreguen dádivas por montos superiores a las dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT) –que actualmente ascienden a S/8,100–, serán excluidos en forma inmediata de la contienda.
La medida forma parte de un paquete de cambios a la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Contrataciones del Estado que, entre otras cosas, prohíbe a las agrupaciones recibir aportes de personas jurídicas nacionales o extranjeras con fines de lucro, así como de personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública, lavado de activos, terrorismo, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, etc.
Legisladores de Fuerza Popular destacaron que, por primera vez, se establezcan parámetros al financiamiento de las campañas electorales. Este punto, empero, fue cuestionado desde el Frente Amplio y Nuevo Perú. María Elena Foronda, Wilbert Rozas y Edilberto Curro, indistintamente, denunciaron que la iniciativa sí permite a los partidos recibir aportes de personas jurídicas nacionales sin fines de lucro hasta por un monto equivalente a 120 UIT, es decir S/486,000, y a los candidatos aceptar aportes en efectivo o en especies hasta por 60 UIT –unos S/243,000–. “Se está maquillando el apoyo empresarial, quieren sacarle la vuelta a la norma”, acusaron.
Los legisladores, asimismo, reclamaron sanciones políticas más drásticas para los partidos y candidatos infractores, como su expectoración definitiva del quehacer político.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, no obstante, refutó que la norma sí contiene sanciones severas, mencionando que las organizaciones que incumplan con la ley perderán el financiamiento público y tendrán inmovilizado su registro de personería jurídica.
Yonhy Lescano, de Acción Popular, en tanto, afirmó que pese a estos cambios “el poder político seguirá sometido al poder económico”. “Se prohíbe la entrega de aportes a las organizaciones políticas, pero se permite que eso ocurra en favor de las campañas individuales de los candidatos”, comentó, mientras que Rozas señaló que “las campañas electorales se convertirán en un festín”. Letona restó validez a estos cuestionamientos y exhortó al presidente de la República a promulgar la norma.
- Los candidatos deberán acreditar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales a un responsable que entregará los informes de ingresos y gastos de la campaña.
- Los candidatos que no informen a la ONPE de los gastos e ingresos de campaña serán sancionados con multas no menores a 10 ni mayores de 30 UIT.
- Todos los ingresos obtenidos de actividades proselitistas deben estar bancarizados.