El último viernes, congresistas de distintas bancadas junto a no agrupados, como el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, presentaron un proyecto de resolución legislativa para implementar la colaboración eficaz en las comisiones investigadoras del Congreso y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Se trata de una modificación del Reglamento del Congreso para que altos funcionarios del Estado “comprendidos en el artículo 99 de la Constitución”; es decir, ministros, jueces de la Corte Suprema, integrantes del Tribunal Constitucional, entre otros, que estén inmersos en alguna investigación puedan acogerse a la colaboración eficaz para reducir una posible sanción política si son denunciados constitucionalmente ante la subcomisión.
Para acceder a este beneficio, los funcionarios tendrán que dar información que permita conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó la infracción constitucional o delito que se investiga, identificar a los autores y entregar medios probatorios.
Sin control
Para el penalista Carlos Caro, sí es posible implementar la colaboración eficaz en el Congreso, pero se corre el riesgo de que su uso sea netamente político, pues no existe un mecanismo de control.
“A nivel penal, el fiscal plantea la colaboración, pero es un juez el que homologa este acuerdo. En Indecopi hay organismos diferenciados, uno instruye y otro ejerce el control. Pero en el Congreso no existe eso. Será la fuerza de los votos la que determine qué colaboración es aceptada y hasta qué punto se reduce la sanción. Esto puede ser utilizado de manera indebida para perseguir a los opositores políticos”, explicó a Perú21.