La propuesta legislativa se presentó tras la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de suspender las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo. (Foto: Presidencia)
La propuesta legislativa se presentó tras la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de suspender las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo. (Foto: Presidencia)

La bancada de , a iniciativa de la congresista Norma Yarrow, presentó un proyecto de ley que desarrolla el artículo 117 de la Constitución Política y permita la investigación del presidente de la República.

Se trata de la , que según la autora se aplica inmediatamente a toda investigación que se encuentre suspendida a la entrada en vigencia.

“Precísase que el presidente de la República puede ser objeto de investigación durante su periodo, reservando únicamente la acusación hasta la culminación de su mandato”, dice la propuesta.

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“El cumplimiento de esta disposición genera responsabilidad a la autoridad encargada de la investigación”, añade el documento, que en su exposición de motivos refiere que la nueva normativa penal permite que el mandatario sea investigado preliminarmente.

“Esta investigación guarda lógica con el aseguramiento de pruebas que deben ser recabadas por la fiscalía para evitar que el paso del tiempo permita la eliminación de las mismas y evitar el futuro procesamiento de la máxima autoridad de país”, precisa.

El proyecto se presentó luego que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, incorporara a Pedro Castillo en una segunda disposición investigación preliminar por la presunta injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la misma disposición del Ministerio Público deja en “suspensión” todo el proceso de investigación hasta que culmine el mandato presidencial, es decir hasta el 2026.

El Ministerio Público detalla que el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal.

Ávalos Rivera también abrió investigación preliminar a Castillo Terrones por los presuntos delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe) en agravio del Estado.

En esta investigación, existen hechos atribuibles al jefe de Estado en la licitación del proyecto Puente Tarata III (San Martín) y en la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú, en el período enero–abril 2022.

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