La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema remitió al Congreso de la República, desde el 2017 a la fecha, seis solicitudes relacionadas con casos judiciales que involucran a igual número de congresistas de diferentes bancadas políticas.
De esta cifra, cuatro están pendientes de resolver por el Legislativo: los casos de los legisladores Wilbert Rozas, Edilberto Curro, Betty Ananculí Gómez y Edwin Donayre, este último enviado el jueves 13.
DEBE CUMPLIRSE
Edwin Donayre fue sentenciado por la Corte Superior de Lima a cinco años y seis meses prisión al ser encontrado responsable del delito de peculado en agravio del Estado.
De acuerdo con la comisión judicial, la sentencia debe hacerse efectiva aún cuando haya sido presentado recurso de nulidad.
Asimismo, establece la diferencia entre trámite de autorizaciones para el procesamiento penal de un parlamentario, el arresto y, de otro lado, la ejecución de una sentencia condenatoria privativa de libertad.
En tanto, la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Benicio Ríos, por colusión en agravio de la Municipalidad de Urubamba (Cusco), fue resuelta de manera positiva por el Congreso.
El legislador cusqueño fue condenado a 7 años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión en agravio de la Municipalidad de Urubamba y actualmente se encuentra no habido.
Por otra parte, el pedido para el desafuero del legislador Richard Acuña, por el presunto delito de fraude procesal en agravio del Estado, fue declarado improcedente por el Congreso de la República, pese al sustento judicial.
DETALLES
El pedido del levantamiento de inmunidad del parlamentario Wilbert Rozas responde al presunto delito de peculado doloso y otros, en agravio de la Municipalidad Provincial de Anta (Cusco).
Por su parte, el parlamentario Edilberto Curro está denunciado por supuesta falsedad genérica en agravio de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (Puno).
El último informe corresponde al caso de la congresista Betty Gladys Ananculí Gómez, procesada por presunta falsificación de documento público y uso de documento público falso en agravio del Estado.
Cabe señalar, que en el caso de la legisladora Sonia Echevarría Huamán, denunciada por supuesto delito de colusión en agravio de Ana María Inga Santivañez, este grupo de trabajo emitió una resolución devolviendo los actuados al juzgado de origen para las subsanaciones correspondientes.
La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial está integrada por los magistrados supremos: Francisco Távara Córdova (presidente), Jorge Luis Salas Arenas y Janet Tello Gilardi.