Congreso apelará fallo del PJ que repone a miembros de la JNJ

“Haremos respetar el fuero parlamentario”, indicó el presidente del Parlamento, Alejandro Soto.

Fecha Actualización

02/07/2024 - 11:00

El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, anunció que el Legislativo apelará el fallo del Poder Judicial que dispuso reponer a Inés Tello y Aldo Vásquez como integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Hoy mismo se interpondrá recurso de apelación frente a esta arbitraria decisión de Poder Judicial de reponer a Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia”, indicó Soto a RPP.

Agregó que el Congreso hará uso de todos los recursos permitidos y que exigirán que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a su decisión que suspendió una medida cautelar del Poder Judicial, que reponía en el cargo a Inés Tello y Aldo Vásquez, en abril pasado, a pedido del Parlamento.

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“De ser necesario ampliaremos la medida cautela, pero haremos respetar el fuero parlamentario, no puede ser decisión como las que se han emitido que perjudica al Perú en su conjunto”, sostuvo.

Soto precisó que uno de los magistrados de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima voto en discordia en el fallo que ordena la reposición de Tello y Vásquez en la JNJ, lo que. en su opinión, demuestra que no hay uniformidad en la decisión.

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de amparo de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello y ordena su reposición inmediata como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Como se recuerda, el pasado 7 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó dos resoluciones legislativas que inhabilitan por diez años para el ejercicio de la función pública a Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Alejandro Vásquez Ríos, en su condición de miembros de la JNJ por infracción constitucional.

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso el último lunes 1 de julio la nulidad del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la inaplicación de la decisión que los inhabilita por 10 años en el ejercicio de la función pública.