Para la Defensoría del Pueblo el Consejo de Estado debe ser “regulado”. (Foto: Defensoría del Pueblo)
Para la Defensoría del Pueblo el Consejo de Estado debe ser “regulado”. (Foto: Defensoría del Pueblo)

, en atención a sus atribuciones constitucionales de protección de los derechos fundamentales y de supervisión de la buena marcha de la administración pública, presentó ante el un proyecto de ley que tiene por objetivo regular el funcionamiento de este espacio de coordinación interinstitucional.

Esto sucede 17 días después de que los Poderes del Estado y las instituciones constitucionalmente autónomas pidieran a través de un oficio, que el presidente de la República, , convocara a una sesión urgente del , debido a la crisis política por la que pasaba el país durante esas fechas.

El documento de ese entonces fue firmado por la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios; la Fiscal de la Nación, ; la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello; el Contralor General de la República, ; y el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

La defensoría de Pueblo califica al Consejo de Estado como “máxima instancia de articulación del Estado peruano, que ha sido convocado por distintos gobiernos ante situaciones que, por su gravedad, exigían una respuesta consensuada de los poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos”.

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Por esa misma razón indican que “pese a su importante rol en el sistema democrático, hasta el momento no existe norma que desarrolle de forma precisa su organización y funcionamiento. Esta situación requiere ser superada con urgencia para que cumpla de mejor forma su rol articulador frente a las frecuentes situaciones de crisis que atraviesa el país.”

Explican que el proyecto de Ley que están presentando sobre el tema “desarrolla la naturaleza del Consejo de Estado, sus funciones, así como los poderes del Estado y las instituciones autónomas que lo integran”. Añaden que “regula la periodicidad de sus sesiones y el deber de transparencia que debe guiar sus labores”.

Finalizan el documento diciendo que el Consejo de Estado debe ser “regulado” debido a que este garantiza “la buena marcha del Estado y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”.

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