Según la ONPE, 23 representantes del partido gobernante no han cumplido con presentar el registro de financistas. (Rafael Cornejo)
Según la ONPE, 23 representantes del partido gobernante no han cumplido con presentar el registro de financistas. (Rafael Cornejo)

Martín Hidalgo (mhidalgo@peru21.com)En una política tan precaria como la nuestra, la filtración de dinero sucio en las campañas electorales campea con mayor fuerza. Sus mecanismos de invisibilidad han aprendido a adaptarse a los vacíos propios de la ley. Nuestra casa de las leyes no es la excepción: 57 congresistas no han presentado sus reportes financieros de campaña. Es decir, no se conoce cuánto dinero recibieron en efectivo o en especie, quiénes fueron sus financistas, ni cuánto gastaron para su candidatura.

Más grave aún resulta detectar que el partido de gobierno encabeza la lista de los congresistas con aportes sin rostro. De los 43 legisladores que integran la bancada oficialista, 23 no presentaron su registro de financistas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales ().

De los omisos, saltan a la vista nombres de los personajes más representativos del oficialismo: Víctor Isla (expresidente del Congreso), Ana Jara (ministra de Trabajo), Omar Chehade (exvicepresidente), Julia Teves (vocera), Marisol Espinoza (vicepresidenta de la República), y el actual titular del Parlamento, .

De los dos últimos no se conoce a sus aportantes pero sí sabemos de sus últimos movimientos inmobiliarios. La vicepresidenta adquirió en 2012 un inmueble en Breña valorizado en 215 mil dólares. Mientras que el titular del Congreso ya inició la remodelación de su nueva casa que adquirió a mediados de 2013: una edificación de tres pisos valorada en 400,000 dólares, ubicada en la calle Los Alguaciles, en Surco.

Otros dos nacionalistas que no cumplieron con presentar a sus financistas ante la ONPE fueron Josué Gutiérrez y Wilder Ruiz. Ambos aparecieron en la lista de "narcocongresistas" presentada por el especialista en temas de narcotráfico , en la revista Caretas, en 2013.

Antezana dejó entrever que el presidente regional de Huánuco, Luis Picón Quedo, quien es investigado por supuesto lavado de activos, habría aportado dinero a la campaña del oficialista Gutiérrez.

¿NARCOAPORTES?Los fujimoristas les pisan los talones a los oficialistas. De 36 que integran esa bancada, 16 no cumplieron con entregar la lista de sus aportes y gastos en campaña. Acá resaltan los nombres de Héctor Becerril, Octavio Salazar, Rofilio Neyra, Néstor Valqui, Federico Pariona, y del propio Kenji Fujimori.

Los dos socios del menor de los Fujimori en la empresa Logística Integral Marítima Andina S.A. (LIMASA) fueron investigados por drogas en 2006. A esto se suma el hallazgo de 100 kilos de droga en las instalaciones de esa almacenera (11 de marzo de 2013).

Mientras que a su colega de bancada, Federico Pariona, el analista Jaime Antezana lo vinculó al alcalde provincial de Satipo, un comandante del Ejército en retiro llamado César Merea Tello. Este militar fue investigado por la fiscalía por presuntamente alojar a 'narcos' del cártel de Tijuana en la Villa Militar de Piura.

En Perú Posible son 7 (de 10) los que no han querido revelar la identidad de sus aportantes de campaña: Carmen Omonte, Daniel Mora, Tito Valle, Rennan Espinoza, Modesto Julca, Casio Huayre y Juan Castagnino. En la bancada de Acción Popular-Frente Amplio, con el mismo número de integrantes, solo dos no rindieron cuentas de campaña: Verónika Mendoza y Jorge Rimarachín.

La larga lista de congresistas con aportantes sin rostro también incluía al desaforado (SN), de quien se conoce recibió el apoyo de la ONG de Roque Benavides, Reflexión Democrática, pero no con montos exactos.

Junto a Urtecho, son cinco los solidarios (de nueve) que no cumplieron ante la ONPE. Entre ellos figura Heriberto Benítez, el máximo defensor parlamentario del cuestionado presidente regional de Áncash, , de quien se dice fue su financista de campaña.

En las tres bancadas restantes (Unión Regional, PPC-APP, y Concertación Parlamentaria) solo se desconoce los aportantes de uno de sus integrantes: Cecilia Tait, Richard Acuña y Javier Velásquez Quesquén, respectivamente.

Pero, ¿existe alguna sanción para estos padres de la patria? Según nos explicaron en la ONPE, existe un vacío legal sobre la rendición de cuentas de los candidatos congresales.

Además hay una pugna sobre quién debe velar por el cumplimiento: si la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones. Mientras no se resuelva esta controversia los aportantes sin rostro seguirán apareciendo en las campañas electorales.

DATOS

- El congresista que mayor dinero efectivo recibió de sus aportantes fue Carlos Bruce con S/. 273.000. Sus mayores financistas fueron Carlos Guibovich, Víctor Gonzales Belaunde y Julio Pardavé Martínez, cada uno con S/.50,000.

- Le siguen los pasos los parlamentarios fujimoristas Joaquín Ramírez, Julio Gagó y Freddy Sarmiento. El primero recibió en efectivo S/.271,000 y los otros dos S/.200.000, cada uno. El cajamarquino Ramírez consignó que todo el dinero fue de su empresa Lima Ingeniería y Construcción SAC, mientras que Gagó registró como financistas a sus cuatro hermanos, cada uno con S/.50,000. Todos ellos trabajan en su empresa JAAM S.A.

- Otros casos llamativos son los de Luciana León quien recibió, en efectivo, S/.102.300 y Luis Galarreta quien recibió S/.79.808. Ambos recibieron el impulso de la ONG Reflexión Democrática.

CASOS PARA COMISIÓN DE ÉTICAAnálisis de Gerardo Távara//Asociación Civil Transparencia

La Comisión de Ética podría evaluar estos casos porque esto afecta la imagen del Congreso. La comisión ya ha tomado cartas en el asunto cuando se detectó a legisladores que ocultaron información en su hoja de vida, a pesar de que se dio antes de que resultaran electos.

Aun así, para que no queden dudas, se necesita precisarlo por vía reglamentaria incorporando una causal de suspensión para quienes no cumplan con presentar sus reportes financieros. Esto contribuiría a que la gente sienta confianza y a apagar las sospechas sobre la política. Es muy urgente que cuanto antes, este mismo lunes, los implicados puedan dar una explicación y subsanen la falta.

Es una situación bastante delicada que no debería ser tolerada por la población ni los organismos electorales. No es posible que a más de dos años y medio los legisladores más representativos no hayan cumplido con la rendición de cuentas.

Vivimos en un país donde crece el narcotráfico y el lavado de activos, por lo que el riesgo de que penetren las campañas electorales es un riesgo que debemos evitar con transparencia.