Congresistas podrán participar en campaña electoral 2018 pese a observaciones de órganos electorales

Quieren curarse en salud. La participación de varios congresistas en la campaña electoral de los candidatos ediles y/o regionales de sus respectivas agrupaciones políticas puso en alerta a los jurados electorales especiales que advirtieron que lo ocurrido constituía una "clara infracción contra la neutralidad que deben observar todos los funcionarios públicos".

Eso fue, al menos, lo que refirió el Jurado Electoral Especial Lima Centro respecto de la participación del legislador Yonhy Lescano quien, a través de las redes sociales, fue visto invocando a los vecinos del distrito de Tacabamba (Cajamarca) a que voten por el candidato acciopopulista Auner Vásquez Cabrera.

El órgano electoral, entonces, resolvió remitir el informe a la Fiscalía , la Contraloría y al Congreso "para que actúen conforme a sus atribuciones". Lescano, por su parte, rechazó los cargos y adelantó que los denunciaría por abuso de autoridad.

En vista de ello, la Comisión de Constitución del Parlamento, a solicitud del presidente del Congreso, Luis Galarreta, ha emitido una opinión consultiva que señala que "un congresista de la República se encuentra facultado a participar en actividades proselitistas o propias de una campaña electoral o realizar propaganda electoral en un proceso de elección de autoridades, siempre que no se utilicen en la actividad o propaganda electoral recursos públicos a los cuales tuvo acceso o dispuso en su condición de congresista, y no interfiera con las actividades propias de su función congresal".

De acuerdo a la nota de prensa del Congreso, la consulta de Galarreta responde a las informaciones sobre "presunta vulneración del principio de neutralidad de parte de los congresistas María Alejandra Aramayo (FP), Ríchard Acuña (APP) y Yonhy Lescano (AP), teniendo en cuenta los oficios remitidos por los jurados electorales especiales de Lima Centro, Trujillo y Lima Centro, respectivamente".

Agrega el informe que "los órganos encargados de tramitar procedimientos por la presunta infracción del principio de neutralidad estatal en procesos electorales deben ponderar el citado principio con las libertades de expresión e información", entre otros.