Luego de más de una semana de que se conociera el pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht a funcionarios de los gobiernos que estuvieron entre 2005 y 2014, el presidente Pedro Pablo Kuczynski informó que está evaluando denunciar a la firma brasileña.
Ante estas declaraciones, el vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, señaló que primero hay que esperar la información que pueda brindar la Fiscalía sobre este caso.
"El presidente debe ser cauto, porque cualquier cosa puede contaminar y politizar el proceso", afirmó a Perú21.
Para que se haga un trabajo más efectivo, el parlamentario oficialista recomendó que con cualquier acción que se tome, se respeten los poderes.
Sobre la aprobación del mandatario de que la Fiscalía haga públicos los nombres de los funcionarios involucrados, tal y como lo pidió el ex jefe de Estado Alan García, Sheput consideró que hay que hacerlo en el momento adecuado.
"El anuncio de un nombre sin sustento puede ser perjudicial. Hay que ver primero la investigación", precisó.
Quien coincidió con el oficialista en "no pedir los nombres" es el parlamentario de Fuerza Popular Rolando Reátegui, pues consideró que se "debe dejar trabajar a la Fiscalía".
"La Fiscalía debe hacer su chamba y no hay que presionarla. Pueden pedir lo que quieran, pero esto huele a caballo podrido, y siento que el presidente tiene miedo", refirió el legislador a este diario.
El temor que, para Reátegui, siente el mandatario obedecería a que Kuczynski perteneció al gobierno de Alejandro Toledo, en el cual también se habrían detectado funcionarios que recibieron el soborno.
Reátegui resaltó la importancia de que el Congreso investigue el caso, tal y como se hará a través de la comisión Lava Jato.
"Hay que considerar si también se denunciaría a quienes se vieron implicados en este caso", destacó.
Por su parte, y mientras duran las investigaciones, el vocero de Frente Amplio, Marco Arana, propuso que el Ejecutivo proceda con el embargo de los bienes de Odebrecht.
"Esta medida sería preventiva y hasta que se esclarezca lo que ha sucedido para que el Estado no se vea perjudicado", dijo a este diario.
En ese sentido, indicó que hasta ahora se ha permitido que algunas grandes empresas no paguen tributos, que deban multas y sean corruptas, sin hacer nada al respecto.
Es por este motivo que solicitó que se actúe con celeridad y "no bajo el lobby o presión de algunas compañías".
"Falta un asesoramiento jurídico, y se registra lentitud en la manera en que se procede. Por eso, hay que tomar acciones que posteriormente no afecten al Estado", expresó.