Redacción PERÚ21

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Congresistas de la bancada de expresaron su rechazo a la formalización de la investigación preparatoria de parte del fiscal José Domingo Pérez a Giulliana Loza, abogada de .

A través de las redes sociales, Luz Salgado, quien también es secretaria general de Fuerza Popular, manifestó su desacuerdo con esta disposición y aseguró, tal como lo hizo Giulliana Loza previamente, que se busca dejar sin defensa a Fujimori Higuchi.

“El colmo, la quieren dejar sin defensa a Keiko, ni siquiera los defensores de los terroristas han sufrido tamaña arbitrariedad, muchos ejemplos existen al respecto”, publicó en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, Luz Salgado elevó su preocupación a instituciones como el Poder Judicial, el defensor del Pueblo y el Colegio de Abogados, por la “afectación al derecho de defensa” de Keiko Fujimori.

Una postura similar tuvo Miguel Torres, encargado del Comité de Emergencia de la agrupación fujimorista, quien manifestó que se está atentando contra el debido proceso en la investigación que se sigue contra la lideresa de dicho partido político.

“Increíble, ahora quieren dejar sin defensa a Keiko Fujimori, Insisto, no es cuestión de pareceres políticos, el privar de un debido proceso a quien sea, es un agravio a todos los peruanos”, precisó en la misma red social.

Además, Tamar Arimborgo también se pronunció al respecto e ironizó con la decisión de José Domingo Pérez. La legisladora consideró que no se están respetando los derechos de Keiko Fujimori.

“¡Este es el ‘estado de derecho’ que vive el Perú! Donde no se respetan los derechos humanos de la lideresa de la oposición”, dijo.

Este jueves se dio a conocer que el fiscal José Domingo Pérez Gómez formalizó la investigación preparatoria contra Giulliana Loza y otros cinco letrados, entre ellos Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Dánae Calderón Castro, por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

La disposición fiscal indica que los letrados “con conocimiento y voluntad mediante el uso de la amenaza” impidieron que personas que aparecían como aportantes a la primera campaña de Keiko Fujimori a la presidencia “presten testimonio”.