Congresista de Perú Libre contrató a un acusado en el caso Odebrecht

Con la colaboración de Sonia Vilcanqui.

Luego de ser electo congresista con la votación más alta en Puno, Oscar Zea Choquechambi hizo un llamado a las organizaciones sociales de la región altiplánica para luchar juntos contra la corrupción. Pero, ya instalado en el Legislativo, el parlamentario de Perú Libre parece haber olvidado todo lo que predicaba frente a sus votantes.

El representante de Puno es también uno de los promotores de la Fenate Perú, el sindicato de maestros que antes se llamaba Conare y respondía a las directrices de Sendero Luminos.

Zea contrató el 11 de agosto al abogado Gustavo Adolfo Montecinos Atao como asesor II en su despacho, con un sueldo cercano a los S/8 mil mensuales. Sin embargo, para entonces pesaba en su contra nada menos que un pedido de más de 11 años de prisión efectiva, en el marco del caso Odebrecht, así como su inhabilitación para ocupar un cargo público, como el que Zea le otorgó en su despacho.

A la espera del juicio

Según la acusación presentada por el fiscal Germán Juárez, a la que accedió Perú21, el abogado Montecinos fue parte del mecanismo de contratos ficticios de asesoría con Odebrecht Perú, que tenían la finalidad de gestionar y agilizar de forma irregular, a través de sobornos a funcionarios del Ministerio de Economía (MEF), la transferencia de “bonos soberanos” a favor del proyecto Vía Evitamiento de Cusco, adjudicado a la constructora brasilera.

La función de Montecinos, de acuerdo a la acusación, era fungir –en el periodo de octubre a diciembre del 2016– como una suerte de intermediario entre Odebrecht y los hermanos José y Samuel Campusano Dulanto, quienes habrían sido los encargados de hacer las tratativas ilícitas ante el MEF, y a quienes la compañía brasileña no los podía contratar de forma directa.

Así, Montecinos habría recibido de Odebrecht más de S/90 mil. Previamente, tuvo que firmar un “contrato de cesión de derechos” con el abogado Héctor Gutiérrez Quispe, quien venía cumpliendo la misma función entre agosto de 2014 hasta setiembre del 2016,fecha en la que abandonó su rol pues había logrado una plaza de procurador en el Estado.

Según la propia declaración de Montecinos –ante el fiscal Juárez de junio de 2018 y que se cita en la acusación– “el dinero recepcionado en su cuenta bancaria del BCP, por S/30,000 o S/33,000 mensual, era retirado y entregado casi en su totalidad (90%) a los hermanos Campusano Dulanto, quedándose solo con el 10%”.

Montecinos confirmó al fiscal Juárez que “el contrato (con Odebrecht) era ficticio”, y que lo hizo para “ayudar” a ambos hermanos. Ahora se le imputan dos delitos: encubrimiento real, por el que la Fiscalía ha pedido como mínimo 2 años y 8 meses de prisión; y lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, por lo que se pide nueve años, así como su inhabilitación.

Perú21 se comunicó ayer con el despacho de Zea y preguntó por el abogado Montecinos Atao. En un inicio, se indicó que “no se encuentra” y luego, al identificarnos como periodistas, dijeron que “él no labora acá”.

Este diario también buscó al congresista Zea, a través de llamadas y mensajes, pero no fue posible contactarse con él. Tras varios intentos y ante la insistencia, respondió uno de sus trabajadores, quien indicó que buscaría que Montecinos se comunique con nosotros.

Minutos después recibimos la llamada del cuestionado abogado, quien confirmó que trabajó con Zea y que presentó su carta de renuncia el último 3 de setiembre, “para no perjudicarlo”.

Según su versión, recién fue notificado de la acusación de la Fiscalía la semana pasada (pese a que fue presentada ante el Poder Judicial en diciembre del 2020), y que no le comunicó al legislador, en todo caso, de la investigación pues era algo “estrictamente particular”.

Montecinos confirmó que, si bien la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento por el delito de tráfico de influencias, se le acusa de los otros dos delitos y que actualmente está en la etapa de control de acusación. Negó tener conocimiento de actos ilícitos y dijo que es inocente.

Según señaló, el otro abogado le comentó que le iban a nombrar procurador y que habría brindado servicios a Odebrecht “que ya hice”. Así, le ofreció la figura de la “cesión de derechos” para poder cobrar las últimas tres cuotas.

“Yo no sabía nada del tema supuestamente irregular”, remarcó. Sobre la acusación en su contra, dijo que en su caso “no existe lavado de activos porque la plata no es irregular, pues nunca salió de la ‘caja 2’ (caja para sobornos)”. El caso está en manos del Poder Judicial.

TENGA EN CUENTA:

“Soy inocente y no tengo ninguna sentencia en mi contra que me sancione para poder ejercer el cargo. Como no la tengo, ni inhabilitación, estoy en todas las facultades de poder ejercer mi profesión”, remarcó Montecinos.

Este diario ya reveló que congresistas Perú Libre contrataron a vinculados al Movadef e incluso a los abogados de Vladimir Cerrón.

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