El Perú acumuló en total pérdidas por US$541 millones en exportaciones y S/296 millones en recaudaciones por Impuesto a la Renta y Regalías Contractuales debido al conflicto social de Las Bambas, que paralizó sus actividades mineras por 57 días.
La región de Apurímac, donde se ubica la mina de la empresa china MMG Ltd, fue indudablemente la más afectada con una pérdida estimada en S/182 millones, equivalente a más del 82% de su presupuesto anual de protección social.
El conflicto también dejó sin empleo a 3,000 trabajadores de empresas que ofrecían servicios tercerizados para Las Bambas y perjudicó a 1,400 mypes de la región.
A partir de hoy empieza la tregua de 30 días suscrita entre el Estado, MMG Las Bambas y las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Chuicuini, Chila, Pumamarca y Choaquere. El fin del conflicto social dependerá de los resultados que se logren hasta el 15 de julio en las seis mesas de diálogo, lo cual será evaluado por las partes el 20 de julio, según lo acordado.
Mientras tanto, las Bambas reinició sus actividades el 11 de junio y hoy en día opera al 100%. Asimismo, la reincorporación de contratistas y sus trabajadores será gradual y tomará dos semanas más para completarse.
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INVASIÓN PERSISTE
Durante el periodo de tregua, las partes se comprometieron a deponer toda medida de fuerza. Sin embargo, Perú21 confirmó que, hasta el cierre de esta nota, la comunidad de Huancuire todavía no abandona el terreno invadido desde el 14 de abril. Ellos se mantienen apostados en el tajo planificado de Chalcobamba, proyecto de ampliación de la empresa minera que sufrió un incendio el pasado 31 de mayo, producto de un atentado cuyos autores aún no se identifican.
De acuerdo con fuentes cercanas a la empresa, la construcción de Chalcobamba es vital para mantener estable la producción de Las Bambas, que hoy es decreciente debido a menores concentraciones de mineral.
Sin embargo, los pobladores de Huancuire piden la revisión del proceso de consulta previa en esta zona y aspiran a una renegociación del precio de los terrenos que vendieron a la minera por S/220 millones (en promedio S/1.7 millones por familia). Además, buscan una participación de 50% en las utilidades de la empresa a cambio de ese terreno.
Para Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, “no es admisible que las comunidades estén instalando una cultura de incumplimiento sistemático de compromisos porque en un clima así no es posible la convivencia social”.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas, desde 2013 MMG Las Bambas suscribió 49 acuerdos bilaterales con Huancuire, de los cuales 14 han sido ejecutados. Además, el Estado mantiene otros 93 acuerdos tripartitos, con la empresa y las comunidades, que están ejecutados al 26%.
En el caso de la comunidad de Fuerabamba,se suscribieron 93 acuerdos bilaterales de los que 42 ya fueron ejecutados. Sin embargo el Estado mantiene 171 acuerdos tripartitos ejecutados al 59%. Su principal demanda es el otorgamiento de 180 hectáreas para actividades agrícolas.
Las demás comunidades solo tienen acuerdos bilaterales con la empresa: Chila suscribió 21, Choaquere 23 y Pumamarca 76. Las tres piden la revisión de los contratos de compra y venta de los terrenos adquiridos y pertenecer al área de influencia directa.
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