Víctimas exigen justicia después de tres largos años de proceso judicial. (Foto: archivo)
Víctimas exigen justicia después de tres largos años de proceso judicial. (Foto: archivo)

Las víctimas del , quienes denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, entre 1984 y 1998, a manos de militares del Ejército peruano, exigen al Poder Judicial mayor diligencia en el proceso, a fin de que se garantice su integridad y seguridad.

Actualmente son 9 las víctimas que afrontan un segundo juicio oral contra 13 exmilitares del Ejército. El pasado 13 de marzo, se cumplieron tres años desde que inició esta segunda etapa.

En la última audiencia del 17 de mayo, se planteó retomar la publicidad del juicio mediante Justicia TV, canal oficial del , y se acordó que la sala resolvería sobre el tema en la próxima audiencia del 31 de mayo.

Sin embargo, la Sala no ha ratificado la publicidad de este segundo juicio oral por el derecho a memoria, verdad y justicia. Además, señaló que la Sala debe tomar en cuenta que existen 2 resoluciones que ratificaron la publicidad del segundo juicio oral.

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Víctor Álvarez, abogado de dicha organización que representa a tres de las víctimas, explicó que en la etapa de la declaración de las víctimas, el juicio se hizo de forma privada para proteger sus identidades y derechos fundamentales.

Hemos visto un interrogatorio a las señoras agraviadas, bastante permisivo de parte de los abogados de la defensa de los acusados [...] Las reglas del juego de esta audiencia se establecieron claramente al inicio, el caso era público pero las víctimas declararon el privado, eso se cumplió, pero cuando ya han culminado las declaraciones y hemos solicitado que las audiencias sean públicas nuevamente, la sala estimó que debía continuar siendo privada la audiencia, y la defensa sostuvo que debía considerarse también la presunción de inocencia de sus defendidos”, explicó a Perú21.

El representante de las agraviadas instó a la Sala a retomar la publicidad del proceso en la brevedad posible. “Este caso no solo involucra a soldados del , sino a oficiales y suboficiales, uno en grado de capitán. Por todas las circunstancias que rodearon estos casos es evidente que los crímenes se cometían de manera generalizada. Yo no puedo afirmar que habían órdenes para llevar acabo esos delitos, ni que los oficiales de mayor grado conocían la situación, pero se debió tener un mayor control de lo que hacía el personal en las bases militares”, sostuvo.

Álvarez agregó que “después de tantos años, las víctimas merecen la oportunidad de por lo menos, acabar con la impunidad en un caso puntual”, como es el Caso Manta.

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