Además del conflicto en Las Bambas, el gabinete del premier Salvador del Solar también está afrontando el reclamo de 32 federaciones de comunidades indígenas de Loreto que han anunciado la paralización absoluta de la actividad petrolera de la región si es que sus demandas no son atendidas.
Un grupo de 40 dirigentes amazónicos estuvo en Lima desde el 25 hasta el 30 de marzo para reclamar por los puntos incumplidos en el acta de Saramurillo, firmada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2016.
Los indígenas exigen el cumplimiento de cinco puntos: declaratoria de emergencia del Oleoducto Norperuano (ONP), creación de una comisión de la verdad para investigar si existe vulneración de derechos por parte de las empresas petroleras, un plan de inversión a favor de las comunidades indígenas, una nueva ley de canon petrolero para que se distribuya un mayor porcentaje de dinero a los municipios locales y una nueva Ley de Hidrocarburos.
COMPROMISOS PENDIENTES
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) detalló a Perú21 que existen dos documentos de Saramurillo sobre los que el gobierno trabaja.
El primero fue firmado el 14 de diciembre de 2016 y contiene 41 puntos, de los cuales están pendientes 16.
Entre ellos está la demanda de un estudio internacional del estado del oleoducto, que será licitado en los próximos meses, según aseguró la PCM. Lo que no se tiene previsto es la conformación de una comisión de la verdad.
El gobierno aún continúa evaluando algunas modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, la remediación integral de los lotes 8 y 192, plan de compensaciones a la vida indígena y desarrollo de proyectos de agua y desagüe. Esto último está a cargo del Proyecto Nacional de Saneamiento Rural.
El otro documento es el Plan de Inversiones de Saramurillo, suscrito el 20 de febrero de 2018 por la entonces premier Mercedes Aráoz, quien estableció 33 compromisos, pero, hasta la fecha, solo se han cumplido 12.
Dos de ellos son proyectos de comunicaciones; también hay un plan de salud intercultural diferenciado; tres son proyectos productivos; dos, compromisos educativos; cuatro son proyectos de electrificación rural; y nueve, proyectos de saneamiento. Todo ello implica la intervención de los ministerios de Educación, Vivienda, Energía y Minas, Interior y Producción.
Al respecto, el asesor y líder indígena José Fachín advirtió a este diario que si el Estado aplaza sus requerimientos, las comunidades nativas interrumpirán la actividad petrolera de manera indefinida. Fachín no quiso precisar las medidas que tomarían, pero descartó que fueran a cortar el oleoducto, lo cual ocasionaría daños al medio ambiente.
“Podemos ir todos al paro a lo largo del circuito petrolero en el lote 8, lote 192, en Manseriche, en Datem y en el lote 95”, detalló el nativo.
Datos:
- El 24 de marzo pasado, miembros de la comunidad indígena de Bretaña tomaron la estación del Lote 95 (Requena, Loreto), operada por la empresa canadiense PetroTal.
- Al día siguiente, en consenso con la comitiva de nativos que llegó a Lima, depusieron la medida para no interferir con el diálogo.
- En este año, se han registrado dos fallas en el Oleoducto Norperuano.
COMISIÓN HARÁ CUMPLIR ACUERDOS
El 25 y 26 de abril llegará a iquitos un grupo de trabajo para monitorear compromisos pactados
El 30 de marzo, el primer ministro, Salvador del Solar, se reunió con los representantes indígenas y se comprometió a instalar una Comisión Mixta de Monitoreo y Cumplimiento de Compromisos en la ciudad de Iquitos, los días 25 y 26 de abril.
Del Solar se comprometió a analizar la propuesta formulada por los líderes indígenas respecto a la declaratoria de emergencia del Oleoducto Norperuano (ONP) y la revisión de la ley del canon petrolero.
También verán la propuesta de los nativos sobre crear un fondo de inversiones para los distritos del circuito petrolero por un monto de 10 mil millones de soles para el periodo 2020-2026.
En la reunión, el Ejecutivo y las federaciones indígenas también pactaron que mantendrán un clima de paz social, necesario para el funcionamiento de la comisión que será creada mediante resolución ministerial.
Sobre el acuerdo de Mayuriaga (Loreto), donde una comunidad nativa cortó la tubería del ONP y no permitió su reparación por tres meses, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos criticó: “(El Ejecutivo) ha creado un pésimo precedente porque se accedió al chantaje de quienes rompieron el ducto”. Al respecto, PCM comentó que “el proceso de diálogo permitió el restablecimiento de la operatividad del oleoducto sin ningún costo social (...) confiamos en que se restablecerán los lazos”.
Nos preocupa creciente ola de conflictos
Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE
Tenemos una gran preocupación respecto de esta creciente ola de conflictividad social. No tenemos alcances oficiales sobre el acta firmada por la PCM con las federaciones indígenas y es por ello que estamos pidiendo una reunión con las autoridades sectoriales la próxima semana para conocer los detalles.
Sí nos parece saludable que se establezca un grupo de seguimiento y monitoreo de los compromisos que han sido asumidos por el Estado en los últimos años, sobre todo porque el incumplimiento de dichos acuerdos es el principal generador de frustración y conflictividad en las comunidades.
Es importante que el Estado despliegue sus mejores esfuerzos para avanzar en el cierre de brechas sociales en la Amazonía, lo cual, evidentemente, va a requerir un fortalecimiento de capacidades de gestión con los gobiernos locales.
La amenaza de interrumpir la actividad petrolera es sumamente destructiva e inconveniente para los intereses del país y la región amazónica, que tienen en el canon una de las únicas fuentes de ingresos significativos que la benefician.
