Presidente del comité licitador de carretera en Puno está vinculado al ‘Club de la Construcción’

Funcionarios de Provías Nacional y del MTC que trabajaron en la controvertida gestión del ministro de Transportes y Comunicaciones humalista, Carlos Paredes, y que entregaron licitaciones a las empresas que integraron el ‘Club de la Construcción’, continúan trabajando en el MTC.
A pesar de las investigaciones que realiza la Fiscalía, siguieron adjudicando obras: la empresa que ganó Checca-Mazocruz no cumplía con los requisitos para hacerse del millonario contrato. 

Juan Paucar Guerra, presidente del Comité de Selección de Provías Nacional, otorgó esta licitación en abril de 2018 a la empresa española Constructora San José para la ejecución de la carretera en la región Puno.
Según el programa Cuarto poder, la Constructora San José presentó datos falsos que le permitieron adjudicarse la obra licitada por un valor de S/242’891,245.

SOMBRAS DEL CLUB
En 2014, durante el gobierno de la pareja Humala-Heredia, Juan Paucar adjudicó la construcción de una carretera El Arenal–Punta de Bombón en Arequipa al consorcio vial conformado por la brasileña Odebrecht y la peruana Obrainsa. 

Perú21 confirmó que la carretera que va de Matarani hasta Punta de Bombón en el valle de Tambo, en Arequipa, está siendo investigada al detalle por el fiscal Germán Juárez Atoche, pues forma parte del caso ‘Club de la Construcción’.

Si bien Paucar aún no está comprendido en la investigación, se sospecha que esa obra fue otorgada, como las que se entregaron en los años 2012-2015, a cambio de una coima que llegó al Ministerio de Transportes que dirigía Paredes Rodríguez. 

Perú21 buscó una entrevista con Paucar a través del MTC y visitó su domicilio en Surco, pero no hubo respuesta. 

Ayer por la tarde, y después de varios intentos, Paucar contestó el teléfono de su oficina en el área de gestión de obras en Provías Nacional. Señaló que no estaba autorizado para brindar ningún tipo de información. 

Por su parte, el MTC dijo a este diario que desde julio de 2018, el ministro Edmer Trujillo ordenó que se renueve a las personas que fueron parte de los comités de selección que entregaron obras al ‘Club de la Construcción’. Sin embargo, como en el caso de Paucar, hay varios de esos funcionarios que siguen en la institución. 

SUEÑO PUNEÑO
El presidente Martín Vizcarra llegó en agosto de 2018 a Puno para colocar la primera piedra de la obra de mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz, que busca conectar las provincias de El Collao y Chucuito.

Pero el proceso de licitación de este millonario proyecto y la celebración del contrato están bajo graves cuestionamientos. En el proceso de licitación se advirtieron irregularidades que debieron suspender la firma del contrato con la empresa española que resultó ganadora. 

La 1° Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Luis Medina, abrió una investigación para determinar si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suscribió fraudulentamente el contrato con la Constructora San José.
Mientras las pesquisas avanzan a nivel fiscal, el Estado peruano ha desembolsado más de S/44 millones a favor de la constructora española. 

EL ANEXO N° 15
Para que el Estado no sea sorprendido al contratar con cualquier empresa que termine coludiéndose con funcionarios, abandonando la obra, haciendo un trabajo de mala calidad o fugándose con el dinero, existen una serie de procedimientos que garantizan la transparencia de la licitación y la conclusión satisfactoria del contrato. 

El sistema peruano exige la presentación de una serie de documentos con información que garantice el adecuado uso de los recursos que el Estado entrega a las empresas que se adjudican las obras. 

En el caso de la firma del contrato con la Constructora San José, uno de los cuestionamientos más importantes gira en torno a una serie de datos que la empresa consignó en el Anexo N° 15 que exigía las bases del concurso público. 

En dicho documento, se pide que la ganadora de la licitación consigne su Registro Único del Contribuyente (RUC), un número de cuenta bancaria, un código de cuenta interbancario (CCI), la entidad bancaria que valida los códigos y la cuenta de detracción.

El 2 de mayo de 2018, Constructora San José S.A. ingresó el paquete de papeles, pero sin el número de cuenta de detracción. Así lo advirtió el jefe de procesos de selección de Provías Nacional, Miguel Unda, quien pidió a la constructora que subsane las observaciones, como correspondía. 

LOS DATOS EN CUESTIÓN
San José es una empresa constituida en España bajo normas europeas. En Perú, la ley exige a cualquiera que vaya a firmar un contrato con el Estado –sea empresa nacional o extranjera– que cumpla en igualdad de condiciones con las bases de una licitación. 

El 14 de mayo, el día anterior a la firma del contrato, la empresa española ingresó los documentos observados, pero con datos que no se correspondían con los requeridos por el sistema peruano. 

Como RUC se consignó el código “A36006666”; en la entidad bancaria, “Banco Pastor”; y en el CCI, “(SWIFT)PSTRESMM”. 

De acuerdo con la Sunat, dicho RUC no existe. Respecto a los otros dos datos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contempla a una lista de 14 entidades bancarias autorizadas para otorgar un CCI, pero ninguna de ellas es el Banco Pastor y, por lo tanto, el CCI que este otorga no es válido. 

El funcionario del MTC, César Baldeón, recomendó en un informe consultar a la Oficina de Asesoría Legal si era factible suscribir el contrato bajo las condiciones planteadas por la empresa. Sin embargo, Asesoría Legal habría omitido pronunciarse.

A pesar de esta información inexacta, funcionarios de Provías dieron luz verde para que el Ministerio de Transportes firme contrato al día siguiente. 

TENGA EN CUENTA
- ​La licitación de la obra fue lanzada por Provías en setiembre de 2017. El 3 de abril de 2018 se dio como ganadora a Constructora San José S.A.

- El 27 de agosto, el 4° Juzgado Contencioso Administrativo de Lima ordenó suspender la ejecución de la carretera a través de una medida cautelar. Un mes después, dicha cautelar se anuló.

- El Poder Judicial determinó que la empresa que solicitó la cautelar no agotó la vía administrativa para su reclamo, como prevé la Ley de Contrataciones del Estado.

- La Fiscalía ha solicitado cuatro declaraciones indagatorias y dos testimoniales. Asimismo, requirió a Provías el expediente de contratación, partidas registrales y documentos de la licitación.