Pese al rechazo que generó la propuesta entre expertos e instituciones que velan por la libertad de información y expresión, la Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría regular el gasto de la publicidad del Estado peruano en los medios de comunicación privados.
La propuesta legislativa del congresista Mauricio Mulder sufrió algunas modificaciones respecto del texto original y fue respaldada por los bancadas de Fuerza Popular, Frente Amplio, Alianza para el Progreso y el Partido Aprista.
En contra se pronunciaron Peruanos por el Kambio y Acción Popular mientras que Nuevo Perú y Frente Amplio optaron por la abstención. Votaron a favor 20 congresistas, cuatro en contra y tres abstenciones.
De acuerdo al proyecto aprobado en primera votación, "queda prohibida toda publicidad de medios privados bajo responsabilidad".
La norma, además, precisa que la publicidad que sea contratada en forma excepcional no podrá consignar los nombres o imágenes que identifiquen a alguna autoridad, funcionario o servidor público.
Dispone que en ningún caso el monto contratado podrá ser mayor al 10% del total facturado por el medio de publicidad siempre y cuando esto no supera el 0.25 % de la partida de bienes y servicios de las entidades.
Señala que sólo se podrá contratar publicidad con medios inscritos en el Registro Nacional de Proveedores y los contratos deberán ser publicados.
El vocero de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput), cuestionó los alcances de la propuesta que, dijo, va en contra de elementos sustanciales como la libertad de expresión.
El congresista objetó que se pretenda restringir la publicidad estatal a los medios de comunicación del Estado, tras advertir que estos se encuentran en una situación de desventaja debido a su nivel de cobertura lo que perjudicará finalmente el derecho a la información de la ciudadanía.
Criticó que se pretenda canalizar toda la publicidad estatal a través de las redes sociales y desvirtuó que ese sistema implique un ahorro o garantice la veracidad de la información.
Además, desvirtuó la tesis de que la publicidad del Estado le dispensa al Gobierno de turno un trato mucho más flexible.
"No hay correlación entre inversión publicitaria y legitimidad. En los años '90 todos los medios de comunicación estaban alineados con el fujimorismo y eso no tiene nada que ver", indicó.
Ni bien se conoció el nuevo texto del proyecto y antes de la votación, el Consejo de la Prensa Peruana advirtió que se trata de un "mecanismo de censura indirecta que busca condicionar línea editorial de los medios de comunicación, afectando el derecho ciudadano a la información"