La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso comenzó el debate de cuatro proyectos de ley presentados para modificar la medida de prisión preventiva, esto en un marco donde líderes políticos y autoridades están bajo sospecha por el escándalo de los casos Odebrecht y Lava Jato.
El juez supremo José Neyra, como representante del Poder Judicial, acudió al grupo de trabajo y durante su intervención consideró que “no merece ninguna reforma” la medida de coerción.
“Las reglas como están podemos continuar trabajando. (...) A la fecha creemos que no (es necesaria una modificación). Tenemos mucha jurisprudencia vinculatoria que interpreta y aplica estas normas” dijo el magistrado a Perú21 tras finalizar la sesión.
Consultado sobre si es adecuado discutir la modificación de la prisión preventiva en un contexto donde hay políticos procesados por casos de corrupción en casos emblemáticos, Neyra remarcó que desde el Poder Judicial se ha manifestado que “no es necesaria una reforma”.
A la Comisión de Justicia aún no llega el proyecto de ley que anunció que presentaría la parlamentaria Luciana León (APRA) para regular la medida restrictiva de libertad. En uno de los puntos más controversiales que pudo conocer este diario del anteproyecto, se propone sanciones para los jueces que dicten “irregularmente” prisión preventiva.
“Esto (la propuesta de sanción) lo que hace es afectar la independencia de los jueces y por lo tanto también la objetividad del Ministerio Público. Lo que tenemos que hacer es lo mismo de siempre, ceñirnos a la Constitución, las leyes y motivar como corresponde” finalizó el juez.
Critican transmisiones del Poder Judicial
Los congresistas Mauricio Mulder (APRA) y Karina Beteta (Fuerza Popular) cuestionaron en otro momento las transmisiones que realiza el Poder Judicial sobre las audiencias de casos emblemáticos.
Mulder comenzó diciendo que esta forma de comunicación podría orientar la decisión de un caso. Beteta respaldó esta idea y señaló que la ciudadanía, al ser partícipe del proceso a través de los canales mediáticos, puede ejercer algún tipo de presión sobre los administradores de justicia.