Comisión de Defensa responsabiliza a Ollanta Humala por compras militares

Pese a no existir visos de guerra externa con algún país limítrofe, el gobierno del ex presidente Ollanta Humala invirtió la astronómica suma de S/8 mil millones en la adquisición de armas y equipos militares y policiales, y en todas las compras investigadas, hubo irregularidades, según concluyó el informe de la Comisión de Defensa del Congreso.

En el informe parlamentario de 702 páginas, al que Perú21 tuvo acceso, *la comisión concluye que el ex presidente Humala "es responsable del delito de negociación incompatible*" y recomienda que se formule acusación constitucional contra él. También pide que el resultado de la investigación sea derivado al Ministerio Público para que evalúe abrir investigación preliminar, y a la Contraloría, para que realice las acciones de control pertinentes a las entidades militares y de la Policía Nacional.

Durante la investigación parlamentaria se indagó a 51 personas, pero centró su atención en el ex presidente Humala, los ex ministros de Defensa Pedro Cateriano Bellido y Jakke Valakivi Álvarez, y el nacionalista Ronal Barrientos Deza, quien intervino en la compra del satélite a Francia. A estos tres últimos se les encontró también responsabilidad de delito.

Asimismo, estuvo bajo la lupa y se estableció responsabilidad penal en la ex asesora legal del Ministerio de Defensa y actual jefa de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, Paola Lobatón Fuchs, y decenas de militares y policías que intervinieron en las adquisiciones del satélite submétrico a Francia, la flota de aviones KT-1 a Corea, los helicópteros de ala rotatoria a Rusia, los aviones Spartan a Italia, las carpas para el Vraem a Colombia, entre otras compras que fueron investigadas por la comisión que preside la parlamentaria aprista Luciana León.

Asimismo, en el documento se establece responsabilidad penal por aprovechamiento indebido del cargo de los ex ministros del Interior Wilfredo Pedraza, Daniel Urresti y José Luis Pérez Guadalupe, por la adquisición de la flota de patrulleros inteligentes Hyundai y SsangYong, efectuada en los años 2012 y 2015. Ninguno de ellos respondió a nuestro pedido de réplica.

Cabe señalar que el Pleno del Congreso otorgó el 15 de setiembre de 2016 facultades especiales a la Comisión de Defensa para que investigue diversas adquisiciones de armas y equipos para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional durante el gobierno de Humala, en vista de existir múltiples denuncias e investigaciones periodísticas que dan cuenta de irregularidades.

La comisión parlamentaria dejó constancia en el informe de distintos actos inusuales y en algunos casos ilegales en los que habrían incurrido algunos de los integrantes de los comités especiales encargados de las adquisiciones en los sectores Defensa e Interior.

Entre los principales hallazgos se aprecian cambios sustantivos en las especificaciones técnicas y variación de montos en los proyectos de inversión pública aprobados inicialmente cerrándose contratos con cifras superiores. También se detectó reuniones previas en restaurantes y hoteles con representantes de las compañías extranjeras que se adjudicaron la buena pro.

Un ejemplo de ello se produjo en la compra de los aviones KT-1 a Corea del Sur. El 6 de julio de 2012, un viceministro del Mindef se reunió con los representantes de la empresa Korea Aerospace Industries (KAI) días antes de empezar las negociaciones. Y fue la empresa que se adjudicó la buena pro.

Otro hecho que marcó especial interés en los parlamentarios fue la utilización de la modalidad de compra de gobierno a gobierno, cuya finalidad habría sido eludir la ley.

También se resaltan en el documento las múltiples declaraciones públicas del ex presidente Humala, así como de los ex ministros de Defensa Cateriano y Valakivi, quienes destacaron la participación de los gobiernos extranjeros al garantizar las compras militares (gobierno a gobierno), cuando en realidad solo eran "veedores" de la calidad de los productos que proveían compañías privadas de armas y equipos estratégicos, que son materia de supervisión y restricción en sus países. Esto sucedió en la compra del satélite Perú-SAT.

Otro tópico importante que destaca el informe parlamentario es la coproducción y offset que debieron exigir los negociadores del Estado a las compañías privadas en compensación por las adquisiciones; este requerimiento se hace con la finalidad de evitar dependencia en el abastecimiento.

También se aprecia que, durante las negociaciones de compra, se dejó de lado la transferencia tecnológica, por lo que los contratos se elaboraron con la única exigencia de capacitación de uso y manejo de los equipos adquiridos.Sobre este extremo, la comisión investigadora concluye que se suscribió un contrato desventajoso con la compañía Airbus de Francia en la adquisición del satélite Perú SAT, renunciando de esta manera a la transferencia tecnológica del satélite submétrico, pese a que los otros postores ofrecieron mayores ventajas comparativas en sus propuestas. Estos mismos argumentos fueron advertidos por este diario el 7 de noviembre de 2016, cuando dimos cuenta del contenido del contrato suscrito.

El informe también advierte que el gobierno de Humala utilizó a algunos parlamentarios nacionalistas para incluir párrafos específicos en las leyes de presupuesto de los años 2012, 2013 y 2014 que sirvieron como marco normativo para orientar las compras en el extranjero y evadir la Ley de Contrataciones del Estado.

Otro hecho que despertó atención son los acuerdos bilaterales suscritos con diversos países que fueron manejados desde la Cancillería, que sirvieron de marco legal para las adquisiciones militares. Estos acuerdos causaron malestar y represalias al interior del cuerpo diplomático que se opuso, y, por otro lado, se benefició a un grupo selectivo que obtuvo ascensos y mejores cargos en sedes diplomáticas.

También la comisión investigadora identificó algunos militares con ascendencia al ex presidente Humala que fueron destacados a las sedes diplomáticas en países donde coincidentemente operan las compañías privadas que se beneficiaron con el otorgamiento de la buena pro.

La comisión investigadora concluye: "Existen indicios razonables de que, durante el gobierno del ex presidente de la República Ollanta Humala Tasso, se organizó o consintió la existencia de un aparato de poder, que habría colocado en puestos claves a personas cercanas a su entorno para facilitar u orientar diversas compras y adquisiciones del Estado en los sectores de Defensa e Interior".

- Pedro Cateriano, ex ministro de Defensa, sostuvo: "No he tenido acceso al informe. Solamente escuché las declaraciones de la congresista (Luciana) León. No me llama la atención que me acusen".

- Jakke Valakivi, ex ministro de Defensa, indicó: "No tengo el informe. Ni bien lo reciba, con mucho gusto conversamos".

- Julio César Espinoza, abogado de Humala, no respondió a nuestro pedido.

El informe de la Comisión de Defensa también incluye a Ronal Barrientos, allegado al ex presidente Humala, quien –según el documento– habría recibido transferencias procedentes de la constructora OAS y de un banco francés por US$122 mil.

Barrientos fue comprendido como investigado por la Comisión de Defensa por su participación en la adquisición del satélite Perú SAT a Airbus de Francia. "*Ronal Barrientos Deza*, cercano al ex presidente Ollanta Humala; el mismo que, sin tener experiencia en la materia aeroespacial, fue designado como asesor del comité negociador del proceso de adquisición del sistema satelital y luego fue nombrado jefe de aseguramiento y calidad del Satélite Perú SAT, habiendo permanecido fuera del Perú por más de 383 días siendo funcionario público".

La Unidad de Inteligencia Financiera, mediante Nota de Inteligencia remitida al Congreso el 13 de febrero último, advierte que es una persona de riesgo. "*Ronal Barrientos* registra como positivo en el sistema de prevención de riesgos del sector bancario, al haber transferido desde París mediante el Banco BNP Paribas, en fecha 19 de agosto de 2011, la suma de US$71,604, y US$6,000. Asimismo, fue beneficiario de cinco cheques girados entre agosto y diciembre de 2010 por la constructora OAS, por un total de US$45,000, por "OAS-Línea Amarilla Obras". Perú21 buscó la versión de Barrientos a través mail, Facebook y un teléfono fijo. No respondió.