En una decisión irresponsable, 16 congresistas de la Comisión de Justicia votaron a favor de la destitución de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de forzar cambios al informe que inicialmente no había encontrado “causa grave” en las cinco denuncias por las que fueron investigados.
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Durante la mañana, no hubo humo blanco en el debate de la votación del informe final que salvaba a todos los integrantes de la JNJ, y se decidió que ingrese a cuarto intermedio. A las 8:00 p.m. se retomó la sesión.
El hecho de que el documento primigenio no haya recomendado la remoción encontró fuerte oposición en la mayoría de los integrantes de Justicia, como Patricia Juárez (Fuerza Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular), Flavio Cruz (Perú Libre) y José María Balcázar (Perú Bicentenario).
Este fue el informe final que salvaba a los siete miembros de la JNJ, y que al final fue modificado radicalmente. El nuevo informe concluye que los siete magistrados sean removidos de sus cargos por “causa grave”.
En la segunda sesión, la presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, planteó que la votación solo se centre, esta vez, en que los siete magistrados incurrieron en “causa grave” y que, de acuerdo con el artículo 157 de la Constitución, “sean removidos de sus cargos”.
PASARÁ AL PLENO
El nuevo informe final aprobado pasará ahora al Pleno y se necesitará de 87 votos para que finalmente reciba la luz verde, que de concretarse sería medida irracional que afectaría la institucionalidad del país.
Los siete representantes de la JNJ fueron investigados por cinco denuncias: sacar un comunicado a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos debido a que el Parlamento la inhabilitó cinco años de la función pública; la supuesta presión al presidente del Poder Judicial para que se pronuncie sobre el mismo tema; la permanencia de Inés Tello en la JNJ pese a haber superado el límite de edad de 75 años; la filtración de información reservada de la fiscal de la Nación y por no presentar su informe anual de los años 2021 y 2022 ante el Congreso, como lo exige la Constitución.
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