Comisión de Fiscalización recomienda acusar constitucionalmente a Pedro Castillo

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, mediante su preinforme al que tuvo acceso Perú21, ha recomendado acusar constitucionalmente al presidente de la República, Pedro Castillo, por haber presuntamente incurrido en los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Esto como parte del caso Puente Tarata.

Este grupo de trabajo del Congreso resalta que tanto Pedro Castillo, como el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco; el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En ese sentido, agregaron que las conversaciones entre el mandatario y el resto de implicados se dio precisamente durante el proceso de selección para adjudicar la obra.

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En base a los audios y otros elementos a los que accedió esta comisión del Legislativo, se concluyó que los empresarios que integraron el Consorcio Puente Tarata III, que ganó la licitación de la obra por S/232.5 millones, habrían entregado dinero al jefe de Estado a través de Karelim López.

La Comisión de Fiscalización además resaltó que Tapusa, una de las empresas que conformó este consorcio, también entregó dinero al ahora prófugo exministro de Transportes, Juan Silva Villegas, a través del empresario, hoy en prisión preventiva, Zamir Villaverde.

A través de sus redes sociales, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, anunció que el jueves 30 de junio se debatirá en el Pleno a las 3 de la tarde.

¿QUÉ RECOMIENDA LA COMISIÓN POR CASO PUENTE TARATA?

1. La Comisión de Fiscalización y Contraloría propone a la Comisión Permanente del Congreso de la República que al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y conforme lo establece el inciso “g” del artículo 89 del Reglamento del Congreso formule Acusación Constitucional ante el Pleno del Congreso contra el presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, el exministro de transportes y comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas, por la presunta comisión del delito de organización criminal tipificado en el artículo 317,Colusión tipificado en el artículo 384 y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399° del Código Penal.
2. Se remita el resultado de estas indagaciones a la Fiscalía de la Nación a fin de promueva o continúe la investigación contra los congresistas congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas e Ilich Fredy López Ureña, por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios.
3. Se remita el presente informe a la Fiscalía de la Nación a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emita el pronunciamiento correspondiente contra el Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, en mérito a los indicios razonables recogidos en el presente informe, por comisión de los delitos de Organización Criminal, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, Negociación Incompatible o aprovechamiento indebido en el cargo y enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de que el Ministerio Público, delimite responsabilidades penales adicionales a las ya expuestas, producto de la calificación de los hechos acontecidos y detallados en el presente informe.

PEDRO CASTILLO PLANTA A CONGRESISTAS

El presidente eludió por cuarta vez al Congreso para no responder sobre los actos de corrupción que se le imputan. A pesar de que confirmó y aceptó que integrantes de la Comisión de Fiscalización acudan a Palacio de Gobierno para tomarle su declaración –en el marco de las investigaciones por el caso Sarratea–, el mandatario Pedro Castillo rehuyó a su compromiso y optó por viajar a Huancavelica para cumplir con otras actividades el último martes 28 de junio.

La sesión estuvo pactada para ayer a las 9:30 a.m.; sin embargo, recién a las 9:12 a.m. el secretario general del Despacho Presidencial, Jorge Alva Coronado, envió un oficio a Héctor Ventura –titular de la Comisión de Fiscalización– para comunicar que Castillo no recibirá a la delegación parlamentaria al considerar que “no se presentan las garantías del debido proceso”. Para esa hora, el jefe de Estado ya no se encontraba en Lima.

Los miembros de la comisión, no obstante, igual acudieron hasta la sede del Ejecutivo, pero no pasaron de la puerta.

De acuerdo con el oficio de excusa, Castillo advierte que existe un “prejuzgamiento” en su contra por parte de Ventura y que ello contradice “los principios de objetividad e imparcialidad”.

Benji Espinoza, abogado del mandatario, justificó la huida de su patrocinado y dijo que las acciones de la comisión están viciadas y son nulas.

BURLA AL CONGRESO

El legislador Héctor Ventura negó que se haya vulnerado el debido proceso como alega el gobernante. “Carece de asidero real y legal de parte de los abogados. Los integrantes de la comisión hemos respetado todo el debido proceso”, declaró a la prensa. “El presidente no quiere dar la cara”, afirmó.

Agregó que pronto se emitirá un informe final y recordó que al ser comisión investigadora incluso se le pudo llamar de grado o fuerza a Castillo.

Con su actuación, Castillo termina reforzando la idea de que no quiere rendir cuentas, no solo ante el Ministerio Público sino ante el Congreso, opinó Samuel Rotta, director de Proética. “Es una pésima señal de su parte”, concluyó.

Asimismo, Karol Paredes, congresista de Acción Popular, cuestionó que el jefe de Estado no haya recibido a la comisión. “Es un acto de irresponsabilidad y más sabiendo de todas las dudas hacia su gestión”, dijo.

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