La Comisión de Ética aprobó iniciar investigación de oficio contra el congresista Américo Gonza Castillo (Perú Libre) por su presunta participación en reuniones con la exintegrante de la Policía Nacional del Perú (PNP) Patricia Sovero Niño y el exgeneral PNP Javier Gallardo Mendoza en Palacio de Gobierno.
La denuncia fue ampliada por la propia congresista denunciante, Norma Yarrow (Avanza País) quien -sobre la base de un informe periodístico- sostuvo que la hermana del parlamentario, Martha Gonza Castillo, accedió a una plaza laboral en la PNP.
Cabe indicar que la decisión del grupo de trabajo congresal, que preside Karol Paredes Fonseca (Acción Popular), fue adoptada en su sesión del último lunes 14 de febrero.
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Según ‘Panorama’, el presidente Pedro Castillo se reunió con Sovero Niño, investigada por el Ministerio Público por las compras irregulares realizadas por la PNP en el 2020, además del ahora excomandante general de la institución, Javier Gallardo.
Patricia Sovero es una exsuboficial de la PNP y a la que el 24 de noviembre del 2021 se le inició indagación por las presuntas compras irregulares que hizo la institución durante la pandemia del COVID-19.
Según la carpeta fiscal, la expolicía es investigada por los presuntos delitos de colusión simple y agravada, y negociación incompatible como representante de D’Java Negocios EIRL, una de las empresas implicadas en las adquisiciones.
Sovero Niño visitó a Castillo Terrones el 6 de agosto del 2021 y entró a la reunión antes que Gallardo, a las 6:03 pm. Dos minutos después lo hizo Gallardo Mendoza. Se retiraron a las 7:26 y 7:27, respectivamente.
Posteriormente, ambos personajes reingresaron a Palacio de Gobierno acompañados del congresista Américo Gonza Castillo. La reunión se inició a las 20:01 horas y culminó a las 20:38. Las citas en Palacio de Gobierno se repitieron en varias ocasiones, incluso dos veces por día.
Según la tesis fiscal, Sovero Niño y Mónica Egúsquiza son “operadoras, lobistas y comisionistas” del coronel PNP Percy Tenorio, acusado de reprimir las marchas de noviembre del 2020 y que aparentemente era proveedor del Estado, prohibido por ley.