La Comisión de Descentralización del Congreso de la República aprobó este miércoles el predictamen del proyecto de ley Nº 2882 que dispone eliminar los cargos de prefectos y subprefectos.
Con 10 votos a favor y 6 en contra, los parlamentarios decidieron dar el primer paso para la eliminación de dichos cargos como autoridades políticas designadas por el Ministerio del Interior. Esto, tras argumentar que las actividades de dichos funcionarios obstaculizan acciones de alcaldes o gobernadores.
Al interior del Ministerio del Interior (Mininter) las prioridades están más que claras. En lo que va del año, el presupuesto de la Dirección General de Gobierno Interior (DGI) –el órgano a cargo de los prefectos y subprefectos– tuvo un importante crecimiento de más del 70% para gastos referidos a pasajes y viáticos.
Según información obtenida por Perú21 al amparo de la Ley de Transparencia, el presupuesto inicial para este rubro de la DGI fue de S/190,000. Sin embargo, tras las modificaciones en lo que va de 2022, esta cifra subió a más de S/326,000; es decir, 71.9%.
Un total de 5,539 kits de abrigo para combatir las heladas y friajes en las regiones más vulnerables del país no llegaron a su destino, con lo cual se desprotegió a los que más los necesitaban: niños de cero a cinco años y adultos mayores de 65 años, pese a que el plazo establecido para que ello ocurra venció el pasado 13 de agosto.
Así se advierte en un informe de la Contraloría General de la República notificado el último miércoles al propio ministro del Interior, Willy Huerta, y al que accedió en exclusiva Perú21.
El documento pone en la mira –una vez más– a la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN), el órgano a cargo de los prefectos y subprefectos a nivel nacional y que actualmente recae en el funcionario Edwar Chuquilín.
El proyecto de ley busca fortalecer la coordinación y el trabajo articulado entre el Ministerio del Interior y otros niveles de gobierno en materia de orden interno y seguridad ciudadana.
Chacón indicó en el documento que los prefectos y subprefectos tienen como rol hacer un “trabajo paralelo” al de las autoridades locales en los lugares donde fueron elegidos.
Asimismo, en su participación en los comités regionales de seguridad ciudadana y en las acciones de defensa civil y gestión del riesgo de desastres. Esta superposición de actividades genera que haya confusiones entre las competencias de cada funcionario y obstaculiza las acciones de alcaldes o gobernadores.
Finalmente, el proyecto dice que mantener a los prefectos y subprefectos supone un gasto de 67 millones de soles anuales para el mantenimiento de las mencionadas autoridades políticas.