La Comisión de Constitución aprobó ayer el dictamen de ley que prohíbe que puedan postular a cargos de elección popular las personas que tengan una sentencia condenatoria, emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por delitos de transgresión contra la democracia, como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, así como delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional (rebelión).
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El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, explicó que el referido proyecto de ley “establece una inhabilitación de 10 años” para que las personas sentenciadas por haber cometido delitos contra la democracia puedan postular a cargos de elección popular. Esos diez años de impedimento permanecerán después de que la persona haya cumplido su condena y haya sido declarada rehabilitada por la administración de justicia, precisa la modificación del artículo 39-A del Código Penal, que es parte del texto aprobado en la referida comisión.
Tal como lo ha revelado Perú21, el referido dictamen de ley alcanzaría al sentenciado por asesinar a cuatro policías, Antauro Humala, que continúa con su campaña electoral pese a que la Corte Suprema ha declarado, en primera instancia, la disolución de su partido por haber tenido “conducta antidemocrática”. También al golpista y detenido Pedro Castillo.
“No se debe permitir partidos antidemocraticos. Hoy en la Comisión de Constitución se aprobó el dictamen para impedir esas candidaturas… No se debe permitir que gente que quiere destruir la democracia, use la democracia para sus protervos fines”, señaló Rospigliosi.
El dictamen por ser de reforma constitucional tendrá que ser aprobado en dos legislaturas, y antes de la fecha en la que se convoca a las elecciones generales de 2026 para que pueda aplicarse en los siguientes comicios.
