Era un reclamo generalizado y un instrumento jurídico necesario para combatir el ingreso de economías ilegales en las agrupaciones políticas.
Luego de varias idas y venidas, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó, por contundente mayoría, modificar la Ley de Organizaciones Políticas a fin de abrirle las puertas al financiamiento privado de personas jurídicas a los partidos hasta por un monto máximo al año de 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que equivalen, a la fecha, a 2’575,000 soles.
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Pese a la oposición de los legisladores de izquierda, el grupo de trabajo —que preside Fernando Rospigliosi— respaldó por 21 votos, algunos con reservas, autorizar los aportes de privados “incluido el uso de inmuebles, a título gratuito” siempre y cuando no superen en un año el equivalente a 500 UIT “sin importar el número de organizaciones a las que aporte”.
En esa línea, se precisa que la contribución “por aportante” para cada agrupación no deberá superar las 200 UIT.
El dictamen, que todavía está pendiente de debate en el Pleno del Legislativo, agrega que las cuotas y contribuciones se harán “hasta el 40% del límite establecido a través de una cuenta del Banco de la Nación”.
Dicha entidad, agrega, deberá asegurarse que en el comprobante de depósito o transferencia “no conste el nombre de la organización a la que va dirigido el aporte de tal manera que se preserve la confidencialidad del aportante”.
SABÍA QUE
El Banco de la Nación enviará a la ONPE la relación de aportes recibidos para cada agrupación.
La ONPE supervisará y fiscalizará que el Banco de la Nación cumpla con realizar las transferencias preservando la confidencialidad de la identidad de los aportantes.
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