La Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría el texto sustitutorio del dictamen que plantea la creación del delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas, luego que el planteamiento hubiera sido evaluado antes por al Comisión de Justicia.
Producto del debate que ocurrió en el grupo de trabajo encabezado por Rosa Bartra (Fuerza Popular), se decidió modificar el dictamen que había sido aprobado por la Comisión de Justicia para eliminar el requisito de un informe previo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que el Ministerio Público pueda investigar presunto financiamiento ilícito en partidos políticos.
Debido a esta modificación, se elaboró un texto sustitutorio que solo planteó incorporar el artículo 359-A en el Código Penal que establece el delito de financiamiento ilícito.
El texto señala que "el que entrega o recibe, directa o indirectamente, financiamiento de carácter ilícito para grupos, alianzas, movimiento u otras organizaciones políticas en proceso de registro o procesadas, mediante aportaciones, donaciones u otra forma de financiamiento privado, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años".
La pena se elevara a no menos de diez años ni más de 15 años si se cometen los siguientes agravantes: el financiamiento se destina a un fin distinto, si el agente conocía o podía presumir el origen ilícito del dinero, el agente comete el crimen como parte de una organización criminal, el valor es equivalente a 500 UIT, si se falsea o adultera medios de información o si se falsea o adultera informes presentados ante las autoridades electorales.
Este texto fue aprobado por mayoría. Los votos en contra fueron de Marisa Glave (Nuevo Perú) y Gino Costa (no agrupado). Gilbert Violeta, de Peruanos por el Kambio, votó en abstención.