El Colegiado B de la Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Especializado en Corrupción de Funcionarios (SEDCF), conformado por los jueces superiores Victoria Sánchez Espinoza (presidenta), Fernando Bazán Cerdán y Marco Angulo Morales, será la instancia que resolverá los recursos de apelación a las recusaciones presentadas contra los jueces a cargo del caso denominado “Club de la Construcción”.
El recurso fue planteado por el representante de la empresa ICCGSA, Rafael Granados Cueto, procesado con comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, contra los magistrados del Colegiado A Susana Castañeda Otsu, Ramiro Salinas Siccha y Juan Guillermo Piscoya, arguyendo la causal de duda en su imparcialidad.
El Colegiado B también revisará la recusación contra la jueza del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, María de los Ángeles Álvarez Camacho, quien el 10 de setiembre declaró improcedente dicho recurso interpuesto por las defensas de Granados Cueto y del procesado Nicolay Castillo Gutzalenko.
¿Qué argumento usaron para intentar apartarla del caso? Sostuvieron que la fiscal adjunta, Rocío Balbín Mueras, comentó en un programa periodístico que el requerimiento contra los investigados no contaba con los elementos de convicción suficientes, debido a una serie de irregularidades cometidas en la Fiscalía.
Por ello, advirtieron la existencia de un presunto acto arbitrario e ilegal por parte de la jueza Álvarez Camacho al aceptar un pedido que –según la propia fiscal Balbín Mueras- no cumplía con los estándares constitucionales ni convencionales de la prueba indiciaria para su aprobación.
La jueza, sin embargo, al declarar improcedente el pedido, fundamentó que lo señalado por los abogados constituye un hecho ajeno a su conducta que no pone en discusión su imparcialidad.
En el denominado caso "Club de la Construcción" son investigadas 18 personas vinculadas a Odebrecht y a varias empresas constructoras por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y tráfico de influencias. Según el Ministerio Público, entre los años 2011 y 2014, estas compañías realizaron acuerdos ilegales y licitaciones fraudulentas en contratos de obras públicas.