CIDH cuestiona proyecto de ley que prohíbe publicidad estatal en medios privados

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sostiene que la iniciativa afectará el derecho a difundir información.

Mauricio Mulder

Inciativa legislativa es impulsada por el congresista Mauricio Mulder. (Perú21)

Inciativa legislativa es impulsada por el congresista Mauricio Mulder. (Perú21)

Perú21

Redacción PERÚ21
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El Consejo de la Prensa Peruana informó sobre una carta enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a la Cancillería peruana. El documento cuestiona y solicita información sobre el proyecto de ley presentado por el congresista Mauricio Mulder (APRA), el cual busca prohibir la publicidad del Estado en medios privados. 

"La medida propuesta resulta asimismo excesivamente costosa o desproporcionada para el ejercicio de la libertad de expresión, en su doble dimensión. Por un lado, el proyecto de ley afectará el derecho del sector privado a difundir información, que en nuestra región depende en su mayoría del acceso al financiamiento oficial", se lee en la misiva enviada a la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, el pasado martes 23 de enero.

En esa línea, el escrito sostiene que la iniciativa de Mulder, llamada 'ley mordaza', no toma en cuenta que "una prohibición de este tipo sin duda afectará a todos los medios no estatales del Perú, pero su efecto para la sustentabilidad de los mismos será mayor en los medios con menor acceso a la pauta privada".

Otro argumento de la CIDH para criticar el proyecto de ley es que la difusión de información solo por medios estatales "no garantiza el acceso a una información plural ni alcanza a todo el público, teniendo en cuenta la realidad de nuestro continente y el carácter gubernamental de la mayor parte de los medios estatales".

La carta firmada por el relator especial Edison Lanza destaca “la falta de un debate público y la decisión de suprimir el debate en la comisión respectiva del Congreso”, por lo que pide que toda la información sobre el proyecto sea enviada "en el plazo de 15 días contados desde la notificación de la presente".

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