Christian Salas Beteta. Abogado penalista
Christian Salas Beteta. Abogado penalista

La defensa del ex presidente logró recusar a Octavio Sahuanay Calsín, Iván Quispe Aucca y María León Yaranga, los tres jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, la cual confirmó en agosto del año pasado la medida de prisión preventiva en contra de él y su esposa, Nadine Heredia. De esta manera, son apartados del caso. El mismo pedido de recusación ha sido presentado en contra del juez . Sobre las implicancias de esta decisión, conversamos con el abogado .

Esta recusación, declarada fundada, se presentó alegando una aparente falta de imparcialidad de los jueces. ¿Se debilita el caso?
No, hay que hacer una diferencia clara. Una cosa es el proceso penal, el tema de fondo, y otra es el incidente de prisión preventiva, el posterior hábeas corpus y la recusación. En cuanto a la recusación, esta ha sido declarada fundada en atención a lo que resolvió el TC, sobre que la prisión preventiva fue una medida arbitraria dada por jueces parcializados. Recordemos que la Fiscalía pide la prisión preventiva después de que ya los Humala habían estado con comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país, en atención a dos nuevos elementos: la supuesta compra de testigos en el caso Madre Mía y los poderes que le dieron a un familiar para la salida del país de las niñas. El TC ha dicho que estos nuevos elementos no eran suficientes para variar las restricciones por prisión preventiva.

¿Por qué procedió la recusación si la sala pidió su inhibición?
Porque ya había un pedido de recusación. En este caso, los jueces aceptan implícitamente un error, pero eso no quiere decir que es un proceso impulsado políticamente o con animadversión a los Humala-Heredia. La recusación significa que más adelante estos jueces ya no pueden conocer ningún incidente de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Se va a designar a otra sala.

¿Correspondía la recusación?
Jurídicamente, sí. Cuando el TC dice que hay una medida de prisión arbitraria, sin fundamentos, donde los magistrados se han pronunciado sobre presunciones de culpabilidad, la medida es inconstitucional y corresponde una recusación. Las medidas de prisión preventiva no se pueden hacer con presunciones de culpabilidad porque es una medida provisional, que puede variar.

¿También es viable la recusación al juez Richard Concepción Carhuancho?
Yo creo, siguiendo esta línea argumentativa, que la recusación contra el doctor Carhuancho también será fundada, pero él no iba a ser el juez del juicio oral. Él es juez de investigación preparatoria, solo conoce el control de la acusación para ver si el caso pasa a juicio oral.

Este es el segundo caso en una semana de jueces recusados por un ex presidente. Primero lo logró Alejandro Toledo, con dos miembros de la Cuarta Sala Penal Superior de Lima.
En el caso Toledo, dicen que se afectó la imparcialidad de estos dos jueces superiores porque para confirmar la prisión preventiva del caso Ecoteva se utilizó documentación del caso Odebrecht. Es decir, hubo decisiones mal dadas que, a criterio de la defensa, evidencian parcialidad.

¿Por qué ocurren estos errores de los actores de justicia en casos tan importantes como el de Humala y Toledo?
Este mal de falta de especialización o de falta de buen criterio judicial lo padecemos a nivel nacional. El gran problema es que al cometer estos errores se favorecen situaciones de impunidad. Lo peor es que, si uno ve esto desde otra perspectiva, se podría decir que el PJ opera en una cacería de brujas, que hay persecución política, y eso puede dar pie a que en sedes internacionales busquen anular los procesos. Hay que tener cuidado con eso.

¿Las deficiencias vienen de la Fiscalía o del PJ?
En el caso Lava Jato vemos deficiencias en el PJ impulsadas por la Fiscalía. En el de Humala, la Fiscalía reacciona tarde al pedir una prisión preventiva que debió pedir antes. Ese error deviene en la anulación de la prisión preventiva y la recusación de los jueces. En el caso de Toledo, en un debate de prisión preventiva sobre el caso A se argumentan datos del caso B no incorporados en el proceso, pero quien habría introducido esos datos es la Fiscalía. Esto es peligroso.

El pedido de extradición de Toledo avanza. Cancillería ya tiene el cuadernillo traducido. ¿La recusación de los jueces ayuda a que Toledo se muestre como perseguido político?
Las irregularidades en los procesos pueden dar pie a que los políticos procesados aleguen persecución política a nivel internacional. En el caso de Alejandro Toledo, hay una serie de factores que fueron duramente criticados desde el inicio por muchos juristas: apenas salió el caso, ya lo teníamos como uno de los más buscados, la ministra de Justicia opinaba sobre el caso, la demora excesiva en los pedidos de extradición. Todo esto, adicionado a las malas decisiones que generan recusación de jueces, puede ser utilizado por la defensa. No obstante, hay que tener claro que para alegar persecución política no bastan los errores judiciales. Implica que un gobierno dictatorial persiga a un ciudadano por sus ideales, y Toledo está investigado por la presunta comisión de delitos.

No estamos ante casos de persecución, entonces.
No, para nada. Estamos frente a casos de deficiencias de magistrados como consecuencia de este sistema. Somos un país subdesarrollado y nuestro sistema de justicia es subdesarrollado. Tenemos jueces poco capacitados, con criterios draconianos, no objetivos o pausados. En todo el país, los jueces le siguen el juego a la Fiscalía. Si el fiscal pide prisión, el juez dicta prisión. Hay un compadrazgo entre fiscales y jueces. El juez debe ser imparcial, no puede ser el amiguito del fiscal. Mientras eso no se acabe, tendremos consecuencias como estas recusaciones.

AUTOFICHA

- “Nací en la ciudad de Lima. Soy abogado penalista y director de la firma Salas Beteta Abogados. Conferencista nacional e internacional y presidente de la Escuela de Litigación Oral y Técnicas de Negociación. He estado a cargo de la Procuraduría Anticorrupción del Perú hasta el año 2014”.

- “Presentar recusaciones es un trámite cotidiano en todo el Perú. En diversos procesos se da la recusación y ningún procesado sale a decir que el Poder Judicial lo está persiguiendo indebidamente o que es víctima de una persecución judicial. No va por ahí la cosa”.

- “No estoy muy informado del caso de la demanda a dos magistrados de la sala que ve el caso de Álex Kouri. Todo ciudadano tiene derecho a presentar demandas contra el Estado por errores judiciales que implicaron privaciones de libertad indebidas, persecuciones innecesarias y demás”.