BAJO LA LUPA. Autoridades chalacas de Chim Pum Callao tienen mucho que responder ante la judicatura del primer puerto. (Rafael Cornejo)
BAJO LA LUPA. Autoridades chalacas de Chim Pum Callao tienen mucho que responder ante la judicatura del primer puerto. (Rafael Cornejo)

Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

El gobernador regional y tres de los cinco alcaldes distritales del movimiento , que lidera el ex presidente regional , son investigados por diversos delitos por la Fiscalía y el Poder Judicial de esa provincia.

Entre ellos figuran el actual gobernador Félix Moreno, el alcalde provincial Juan Sotomayor, y los burgomaestres distritales de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga, y de Bellavista, Iván Rivadeneyra.

Según documentos del Ministerio Público –a los que tuvo acceso este diario–, Moreno fue denunciado, en abril pasado, por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el presunto delito de peculado por la construcción de un sauna-spa para oficiales en el Cuartel General del Ejército, en San Borja.

Del mismo modo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos también lo investiga por la venta (presuntamente subvaluada) de terrenos en el Fundo Oquendo, en .

Asimismo, la Procuraduría Anticorrupción denunció, en 2013, presuntas irregularidades en la ejecución de obras durante la gestión de Moreno. Las obras, según el expediente, eran inauguradas mucho antes de que se convocaran los procesos de contratación y, además, se entregaban en adjudicación directa.

Otro de los casos judicializados es la construcción de una sede de Corpac en un terreno en la avenida Elmer Faucett y que desde 2009 sigue inconclusa.

Por su parte, el alcalde de Bellavista, Iván Rivadeneyra, es acusado por los delitos contra la administración pública y peculado en agravio del Estado, ya que se habría apropiado de las gratificaciones de los trabajadores de la comuna.

Asimismo, según el documento fiscal, no habría cumplido con pagar el préstamo que hicieron diversas cooperativas a los funcionarios ediles, en 2011, a pesar de que el citado municipio había avalado estos convenios y les descontaba mensualmente por dicho concepto. Según el escrito, se generó una deuda a los trabajadores, solo en 2014, por S/.346 mil, aproximadamente.

Este caso fue archivado por la Fiscalía, pero la Procuraduría Anticorrupción del Callao, a cargo del coordinador Engie Herrera, apeló el fallo el pasado 10 de abril. Por ello, por iniciativa de ese organismo, hoy la Contraloría realiza una acción de control en esa comuna.

A su turno, el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga, es investigado judicialmente y tiene comparecencia restrictiva por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Según el documento fiscal, Marcos tiene un desbalance patrimonial de más de S/.663 mil. Por ello, la Procuraduría del Callao ha solicitado a la Fiscalía una reparación civil por más de 1 millón de soles.

El alcalde provincial, Juan Sotomayor, también es investigado por la Fiscalía Provincial por presunto delito contra la administración pública en un caso de interceptación telefónica ilegal. Uno de los casos archivados por la Fiscalía chalaca fue el reparto de panetones con su nombre y rostro en diversas viviendas del primer puerto. Herrera denunció que, para realizar esta actividad, Sotomayor utilizó un vehículo del municipio.

Aunque no ha sido denunciado durante su gestión, el alcalde de Carmen de la Legua, Raúl Odar –dueño de la constructora Vama–, antes de llegar a ese cargo fue proveedor de varios municipios, durante las gestiones de Moreno.

KOURI TAMBIÉNEl líder de Chim Pum Callao, Álex Kouri, tampoco es ajeno a las denuncias. La Fiscalía ha pedido cinco años de prisión para el ex funcionario por los presuntos delitos de colusión desleal y negociación incompatible por las presuntas irregularidades en la construcción de la Vía Expresa del Callao, adjudicada en el año 2000 al consorcio Convial Callao. Kouri afronta desde el 7 de mayo un juicio oral por este caso.

Perú21 se comunicó con los representantes de prensa del líder de Chim Pum Callao, del presidente regional, del alcalde provincial y de los burgomaestres de Bellavista, Carmen de la Legua y Ventanilla para solicitar sus descargos. Sin embargo, la única autoridad que accedió a nuestro llamado fue Omar Marcos (Ventanilla), quien explicó que los funcionarios públicos siempre están expuestos a investigaciones.

Asimismo, calificó de "ilegal" la denuncia por enriquecimiento ilícito. "Es una persecución política porque ya me han investigado por esa denuncia y el caso se archivó en la Fiscalía de la Nación porque se corroboró que no utilicé recursos del Estado. Se dice que hay un desbalance patrimonial, pero, a pesar de que la Fiscalía sabe que tengo una empresa privada, no están tomando en cuenta mis ingresos", aclaró.

Por: Fabiola Valle (fvalle@peru21.com)