La propagación del coronavirus se ha convertido en la excusa perfecta de las personas investigadas por el caso Lava Jato para pedir al Poder Judicial que se les revierta las medidas restrictivas.
Ayer, el expremier César Villanueva requirió en audiencia que se revoque la prisión preventiva por un arresto domiciliario. El exgobernador de San Martín, quien está comprometido en la recepción de US$320 mil ilícitos de Odebrecht a cambio de la concesión de la carretera San José de Sisa, adujo vía videoconferencia que teme contraer el COVID-19 al ser vulnerable por tener enfermedades graves.
El empresario chileno Gerardo Sepúlveda, en tanto, presentó un hábeas corpus para que se anule el impedimento de salida del país y así pueda regresar a Chile para atenderse con su seguro de salud, algo que no podría hacer así tenga un fallo a su favor por el cierre de las fronteras.
Sepúlveda es investigado junto a PPK.