César San Martín: ‘No hay obstáculo legal por ser indulto humanitario’

El titular del Poder Judicial, César San Martín, coincidió hoy con la opinión del fiscal de la Nación, José Peláez, de que no "hay un obstáculo legal" que impida que se revise el pedido de indulto que hará la familia del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y secuestro agravado.

"Consideró que tratándose de un indulto especialísimo que es lo humanitario, en el que lo que se tiene a bien es revisar el estado de salud, la propia situación de vida de una persona, entonces aquí no no puede haber algún obstáculo legal", manifestó San Martín en RPP.

Explicó que el artículo 2 de la Ley 28760 —que determina no procede el indulto a los condenados por delito de secuestro y extorsión— solamente aplica para el indulto común y ordinario. "Aquí prima para el efecto de la interpretación los derechos humanitarios y los principios de dignidad de la persona y de proporcionalidad", dijo.

"Entonces, en ese ámbito las cosas están claras, no habría problema legal para que se evalúe la posibilidad de que el señor presidente (Ollanta Humala) puede ver sobre el propio merito, el fondo del pedido. Lo hará cuando se plantee el pedido formalmente", agregó,

San Martín evitó pronunciarse sobre la opinión del exfiscal adjunto del juicio contra Fujimori, Avelino Guillén, quien señaló que el exmandatario debería pedir perdón por los delitos que cometió antes de solicitar la gracia presidencial.

"Son los comentarios de Avelino Guillén, los he escuchado y en esos temas, dada mi investidura, lo mejor es guardar silencio", expresó.

CASO BARRIOS ALTOSEn otro momento, el titular de la Corte Suprema indicó que en las próximas semanas se conformará una nueva sala que analice y dé una nueva sentencia del caso de la matanza Barrios Altos tras la anulación del fallo de la Sala Penal Permanente que benefició a los Colina y Vladimiro Montesinos.

El presidente del Poder Judicial señaló que la segunda sentencia se dará antes del 20 de enero para cumplir con el plazo dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).