Pedirán como mínimo 20 años de cárcel para cúpula de César Álvarez

Procurador Amado Enco también informó que su institución solicitará una reparación civil que superará los S/35 millones. Entre los implicados figuran César Álvarez, Martín Belaunde, Heriberto Benítez, entre otros.

César Álvarez se negó a declarar de nuevo. (César Fajardo)

Los delitos por los que serán acusados son asociación ilícita, colusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. (USI)

Fabiola Valle
Fabiola Valle

El caso ‘La Centralita’ está a puertas de iniciar el juicio oral. Luego de cuatro años del destape de la presunta red criminal encabezada por César Álvarez , ex presidente regional de Áncash , la Fiscalía formulará en los próximos días acusación ante el Poder Judicial contra los integrantes de la cúpula y otras 80 personas, entre naturales y jurídicas, y pediría penas de 20 años de cárcel para los cabecillas.

El procurador Anticorrupción, Amado Enco, informó a Perú21 que la reparación civil superará los S/35 millones por todos los daños causados al Estado. Los delitos por los que serán acusados son asociación ilícita, colusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Según la hipótesis del fiscal Elmer Chirre, a cargo de investigar este caso, la red era dirigida por Álvarez e integrada por Milagros Asián Barahona, esposa del entonces presidente regional, y Luis Arroyo, gerente de la Subregión Pacífico y alcalde del Santa.

Además, los ex congresistas Heriberto Benítez (actual abogado del ex presidente Alejandro Toledo) y Víctor Crisólogo, así como Martín Belaunde Lossio, ex asesor del ex presidente Ollanta Humala.

Chirre también ha evidenciado la existencia de brazos o aparatos que cumplían una función determinada.

Una fuente de la Fiscalía precisó a este diario que existía un aparato central que operaba desde las instalaciones del Gobierno Regional de Áncash.

Áncash

En prisión. En el local de ‘La Centralita’ de Áncash se realizaban presuntos ‘chuponeos’ a los adversarios de César Álvarez. (USI)

En prisión. En el local de ‘La Centralita’ de Áncash se realizaban presuntos ‘chuponeos’ a los adversarios de César Álvarez. (USI)

Este equipo estaba liderado por Álvarez e integrado por Hernán Molina, gerente general del Gobierno Regional de Áncash, y Florencio Román, vicepresidente de la mencionada región.

También existió un aparato de prensa conformado por Belaunde Lossio, en aquel entonces propietario del diario La Primera y de la empresa Ilios Producciones, quien organizó un equipo de personas dedicadas a elaborar propaganda, notas de prensa, material audiovisual, spots publicitarios, entre otros, que tenían como finalidad ensalzar la imagen y gestión de Álvarez y atacar a sus detractores.

Estas actividades las desarrollaron en el inmueble denominado ‘La Centralita’, en Chimbote. Belaunde Lossio encargó a su jefe de comunicaciones, Jorge Burgos, el aparato de prensa.

El equipo de apoyo legal y político estuvo a cargo de Luis Arroyo y de los entonces congresistas Benítez y Crisólogo, aparato que habría contado con malos fiscales para ganar los procesos e investigaciones de carácter penal seguidos contra los integrantes de la organización. Igualmente, ‘limpiaban’ las investigaciones que se iniciaban en el Congreso contra el hoy encarcelado Álvarez.

Pero eso no es todo. El aparato de apoyo social estuvo a cargo de Milagros Asián, quien desarrollaba acciones caritativas por intermedio del Comité de Damas del Gobierno Regional de Áncash y la ONG Cruzada de Amor, con el fin de lograr el respaldo de la población.

Mientras que el aparato de fuerza estaba integrado por miembros de las agremiaciones sindicales de construcción civil y se encargaban, entre otras tareas, del cobro de los llamados ‘diezmos’, así como de brindar seguridad a los líderes de la organización, de apoyar en los mítines y de amedrentar a los opositores del régimen de Álvarez. Este aparato habría estado integrado por Víctor López Padilla y Modesto Mondragón.

CRONOLOGÍA

La pesquisa se desarrolló por hechos ocurridos entre los años 2007 y 2014, periodo en el que se detectaron episodios que configurarían múltiples delitos en agravio del Estado, como corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

El proceso ha sido calificado por la Procuraduría Anticorrupción como uno de los más complejos de los últimos tiempos por tratarse de una organización criminal liderada por la máxima autoridad regional de Áncash y que terminó por comprometer a más 80 personas, entre funcionarios, servidores públicos y privados.

Además, para la Fiscalía, los delitos imputados fueron perpetrados durante siete años y cuyos hechos trascendieron las fronteras de la región.

La investigación preparatoria del fiscal Chirre concluyó a fines del año pasado y a criterio de la Procuraduría Anticorrupción, tanto los hechos como las responsabilidades penales de los principales investigados, están debidamente acreditados con pruebas testimoniales, documentarias, pericias contables y de ingeniería, y colaboraciones eficaces.

El procurador Enco explicó que después de la acusación vendrá la etapa intermedia, donde los procesados formularán sus alegatos correspondientes para finalmente pasar a juicio oral, el mismo que podría demorar varios años por la complejidad del caso.

Precisó que en la fase final de la investigación preparatoria las pesquisas comprometieron en términos de responsabilidad penal a la empresa brasileña Odebrecht y a sus empleados Ricardo Paredes y Eleuberto Antonio Martorelli, quienes habrían sido cómplices del delito de lavado de activos, considerándose como autores a César Álvarez, Dirsse Paul Valverde, ex gerente de Infraestructura de Áncash, y José Luis Cavasa, también ex funcionario regional.

Los tres últimos habrían lavado aproximadamente 2 millones 600 mil dólares, provenientes de un pago indebido que hiciera la empresa brasileña a la organización criminal para hacerse de la licitación de la obra Rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera callejón de Huaylas- Chacas-San Luis, cuyo delito fuente de corrupción forma parte de otra investigación fiscal.

Por este acontecimiento, el fiscal Chirre tomó la decisión de requerir, por primera vez, la incorporación de Odebrecht al proceso en calidad de investigada, además de dos de sus empleados como cómplices del delito de lavado de activos.

En su momento, Wilfredo Erazo, abogado de Álvarez, rechazó esta teoría fiscal al asegurar que el ex presidente regional de Áncash no conoce a Dirsse Valverde o a alguien cercano al presunto testaferro.

Para efectuar estas pesquisas, la Fiscalía cuenta a la fecha con más 37,250 folios correspondiente a la carpeta principal y 1,750 tomos de anexos.

En reiteradas ocasiones, los implicados en esta presunta red de corrupción, como Álvarez, Arroyo, Benítez y Belaunde, han negado estar implicados en actos ilícitos.

Como lo informó este diario, una parte del cuaderno del registro de visitas que recibió Belaunde Lossio mientras estuvo internado en la clínica Inca de Miraflores ha desaparecido. Para la Fiscalía, algunas personas que lo visitaban estarían vinculadas a la red de Álvarez.

El ex asesor de Humala, quien tiene orden de prisión preventiva por los casos ‘La Centralita’ y Antalsis –a cargo del fiscal Chirre–, estuvo internado desde el 16 de abril de 2016 hasta el 1 de febrero de 2017.

Por este caso se abrió una investigación preliminar a Belaunde, Álvarez, Arroyo y otros por diversos delitos, como tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y fraude procesal.

cesar alvarez

cesar alvarez

ABOGADO DE TOLEDO EN LA MIRA

Actualmente, el ex congresista Heriberto Benítez asume la defensa del ex presidente Alejandro Toledo, acusado de haber recibido US$20 millones en sobornos de la constructora Odebrecht, a cambio de la carretera Interoceánica Sur, tramos II y III.

El fiscal Elmer Chirre, a cargo del caso ‘La Centralita’ de Áncash, acusa a Benítez de influenciar y hacer ganar en los diversos procesos e investigaciones de carácter penal seguidos a los integrantes de la organización y de las pesquisas seguidas a la gestión del Gobierno Regional de Áncash iniciadas en el Congreso de la República.

En mayo de 2015, el Pleno del Parlamento aprobó, por mayoría, la suspensión por 120 días del legislador por sus vinculaciones en el caso ‘La Centralita’ y por sus gestiones en contra del allanamiento realizado por fiscales a dicho local que formaba parte de la red que dirigía el ex presidente de Áncash César Álvarez.

Además, en 2010 logró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) autorizara a su amigo César Álvarez postular a la reelección.

Un año después, salió a la luz la maraña de corrupción que Álvarez habría tejido desde ‘La Centralita’, un local ubicado en Chimbote desde donde se orquestaban campañas para demoler a los enemigos de la máxima autoridad ancashina. Benítez era inquilino del local, pero dijo –en varias ocasiones– que nunca vio nada.

En una diligencia de allanamiento fiscal al local de ‘La Centralita’, Benítez también habría obstaculizado dicha diligencia.

Según la Fiscalía, en ese momento, el abogado dijo: “Están interviniendo un inmueble como si fuera un local de delincuentes”. “Qué tienen que entrar a mi domicilio si yo ni siquiera participo en la investigación”, dijo.

En diálogo con Perú21, Benítez reiteró que no cometió ningún delito y espera que se archive la investigación en la cual está implicado. “No he cometido ninguna irregularidad”, señaló.

TENGA EN CUENTA

* Luis de la Cruz, abogado de Martín Belaunde Lossio, dijo que su patrocinado solo favoreció a un entonces candidato y presidente regional (Álvarez), pero no cometió delito. “Ese acto podría ser considerado antiético, pero nada más”.

* Perú21 intentó comunicarse con el ex congresista Víctor Crisólogo para tener su versión, pero no hubo respuesta. También con Jessica Artega, abogada de Álvarez, pero el celular estaba apagado.

* El Poder Judicial le dio 10 días al fiscal Chirre para presentar la acusación contra los implicados en el caso ‘La Centralita’. La próxima semana vence el plazo.

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