El dueño de Perú Libre y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, ya cumplió 279 días prófugo de la justicia, y en medio de esta situación, el fiscal anticorrupción Carlos Mera requirió al Poder Judicial la pena de 9 años de cárcel efectiva contra él.
Este nuevo pedido por parte de la fiscalía se da como parte del juicio que se le sigue a Cerrón por disponer de resguardo policial de forma irregular en diciembre de 2018, cuando era gobernador regional.
Al respecto, el abogado penalista, Miguel Pérez Arroyo, aclaró a Perú21TV que para estas nuevas audiencias de control de acusación no se necesita la presencia de Cerrón, en referencia a su condición de prófugo.
“Para las audiencias de control de acusación y para las audiencias de control de sobreseimiento, que son básicamente los dos objetivos de esta etapa intermedia, no se requiere la presencia del acusado, en este caso, de Vladimir Cerrón. Si no, más bien, es un debate técnico en la que se discuten la procedibilidad de la imputación en términos de suficiencia probatoria, en términos de inexistencia de motivos que pudieran suponer la cancelación del proceso”, refirió
“Son temas de debate absolutamente técnico, con lo cual, la presencia del señor Cerrón no es indispensable. Ya cuando se apruebe la acusación fiscal, cuando se emita el auto de enjuiciamiento y cuando finalmente se dicte la fecha de llamamiento a juicio, es ahí donde, iniciado el juicio oral, sí tiene que estar presente. Si es que no está presente, lo que nuevamente ocurre es que si hay otros procesados o coimputados, como es este el caso, se va a proceder a llevar el juicio oral con él [Cerrón] en reserva, es decir, se hace una suerte de archivo provisional de su causa, pero no porque se le excluya, sino porque no está presente”, agregó.
Respecto la captura de Vladimir Cerrón, el especialista recordó que es trabajo exclusivo de la Policía Nacional, a través de la Digemin, que tiene una unidad de búsqueda y captura.
“El Ministerio Público no detiene a nadie, hay que entender que quien detiene a las personas, quien les hace el seguimiento y finalmente la inteligencia para que ello ocurra, es la policía. La policía a través de sus órganos operativos. A través de la Digemin que tiene una unidad de búsqueda y captura o a través de la Diviac que vemos que ya no tiene mucha fuerza en los últimos días”, refirió.
En la acusación presentada el 28 de febrero, a la que accedió Perú21, se señala que siendo electo gobernador regional de Junín, en diciembre de 2018, Cerrón pidió a la Policía Nacional que los suboficiales Carlos Zárate Villalobos y Edwin Mamani Cáceres sean destacados como su seguridad.
La PNP accedió a ese requerimiento, asumiendo los gastos de esas funciones. Sin embargo, el 22 de enero de 2019, el Gobierno Regional de Junín asignó un presupuesto por seguridad a pedido de Cerrón que ascendió a S/48,000.
En esa misma fecha, la subdirección de Abastecimientos del Gobierno Regional autorizó que los dos resguardos del entonces gobernador reciban bonificaciones mensuales de S/1,000.
Además, el 1 de febrero de 2019, Cerrón pidió nuevamente a la Policía que se le asigne un tercer oficial de seguridad, mencionando al Yrineo Perales López. Perales también gozó de la bonificación irregular.
En esa línea, el fiscal Mera imputa el delito de colusión agravada por el beneficio que recibieron los resguardos y porque los mandos policiales de la región accedieron a los requerimientos de la autoridad regional.
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