La acusación complicará aún más la situación legal de los exfuncionarios, dado que la jueza suprema Inés Villa aseguró que “en los casos de delitos por criminalidad organizada, cometidos por altos funcionarios, (...) el plazo de acción penal o la prescripción se duplica, por lo que es sumamente difícil que prescriban con eventuales penas máximas”. El artículo 317 del Código Penal señala que, quienes integren una organización criminal, recibirán una pena entre 8 y 15 años, mientras que, quien la lidera, merecerá una pena entre 15 y 20 años. Y, según la tesis de la Fiscalía, el expresidente habría liderado una organización criminal mientras fungía de mandatario.