El 28 de noviembre, el mandamás del Ministerio Público, , envió un oficio al congresista informándole que en su despacho no hay ninguna investigación que lo involucre en el caso por el que cumple prisión preventiva.

Esta situación desconcertó a la Fiscalía de Chiclayo, a cargo del caso, que desde el pasado 11 de setiembre solicitó al fiscal Chávarry que inicie una investigación al parlamentario aprista, y a otros dos congresistas por sus vínculos con el encarcelado presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

El expediente implica a Héctor Becerril (Fuerza Popular), Javier Velásquez (Apra) y Marisol Espinoza (APP). El documento fue enviado por el fiscal a Pedro Chávarry. Sin embargo, no está, de momento, en la agenda del fiscal de la Nación.

En la resolución judicial de requerimiento de prisión preventiva de 18 meses contra Oviedo se menciona a los citados legisladores.

En diálogo con Perú21, el juez Carlos Chanamé, quien dictó prisión preventiva al dirigente deportivo, explicó que la carpeta fiscal de Velásquez, Becerril y Espinoza fue derivada a Lima y que no le correspondía a él investigarlos debido a que los parlamentarios gozan de inmunidad. 

“El entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le pidió al fiscal Carrasco que el caso fuese derivado a Lima”, dijo a este diario. Asimismo, aclaró que el expediente “no se archivó por falta de pruebas, sino porque no era un proceso común”.

Por su parte, el fiscal de Nación señaló en el documento que le envió a Velásquez Quesquén que “el caso se encuentra en trámite a fin de emitirse oportunamente la calificación jurídica”.

PIDE CELERIDAD
El fiscal de Chiclayo, Juan Carrasco, consideró que Chávarry debe acelerar la denuncia a los citados legisladores por presuntamente haber ayudado a Oviedo para que se empodere en la empresa agroindustrial Tumán a través de leyes emitidas en el Parlamento.

“Tenemos que ser más incisivos y acuciosos con las investigaciones y, con mayor razón, ahora que estamos a punto de terminar con las redes de corrupción y del crimen organizado”, sostuvo Carrasco. 

Añadió que en esta etapa le corresponde al fiscal de la Nación solicitar al Congreso que plantee la denuncia constitucional y se les levante la inmunidad. Después de ello, recién podría denunciar a los parlamentarios ante la Corte Suprema. 

Consultado por este diario sobre si Chávarry debería acelerar la pesquisa, Jorge Chávez Cotrina, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, dijo: “Todos tenemos que hacer nuestro trabajo”. 

SE DEFIENDEN
Para Carrasco, Héctor Becerril fue quien le hizo el camino más fácil al empresario azucarero a través de la declaración del estado de emergencia en Tumán con el fin de que el Grupo Oviedo siga a cargo de la administración de la azucarera y pueda lucrar a través de la venta de azúcar. 

Mientras que a Velásquez Quesquén y a Espinoza, la Fiscalía los acusa de haber impulsado la Ley de Protección Patrimonial en favor de Oviedo a cambio de dinero. 

Estas acusaciones han sido negadas por los tres legisladores. Argumentan que el Poder Judicial de Chiclayo archivó la denuncia y el fiscal Carrasco nunca apeló. 

“Pasaron tres años y Carrasco no corroboró sus pruebas. Miente al decir que el caso está en manos del fiscal de la Nación. No soy autora de la Ley de Protección Patrimonial”, afirmó Marisol Espinoza.

El 27 de setiembre, Becerril le envió un oficio a Chávarry advirtiéndole que existe “persecución” en su contra de parte de Carrasco. Los tres adelantaron que tomarán medidas legales contra el fiscal de Chiclayo.

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