El juez Jorge Chávez Tamariz había rechazado el pedido de recusación de Lamsac, empresa que lo cuestionaba por falta de imparcialidad. (Piko Tamashiro/GEC)
El juez Jorge Chávez Tamariz había rechazado el pedido de recusación de Lamsac, empresa que lo cuestionaba por falta de imparcialidad. (Piko Tamashiro/GEC)

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia anuló el fallo del juez Jorge Chávez Tamariz con el que rechazó el pedido de recusación de la compañía Lamsac para que se aparte de la investigación contra la exalcaldesa de Lima, .

En la resolución judicial, el tribunal argumenta que el magistrado ha “distorsionado” el recurso al haber convocado audiencia para resolver el pedido de Lamsac, empresa que construyó la vía Línea Amarilla y que cuestiona al juez por falta de imparcialidad.

“Esta situación es causal de nulidad debido a que se ha dado un trámite diferente al establecido por la ley. En el presente incidente se ha inobservado el contenido esencial de la garantía de imparcialidad judicial (...) el juez recusado no debe resolver el incidente de recusación, pues ello es competencia de una sala superior”, se lee en el documento al que accedió Perú21.

Los jueces superiores, en ese sentido, ordenaron al magistrado a que “cumpla con las disposiciones legales” y “emita un informe motivado y forme el cuaderno respectivo para posteriormente remita a esta sala superior con el fin de emitir la resolución correspondiente”.

La defensa de Lamsac había requerido la recusación del juez Chávez Tamariz luego de que este incorporara a la compañía como tercera civil responsable en el proceso que se sigue a Villarán. Con esto, la firma tendría que pagar de manera solidaria la reparación civil que asciende a US$20 millones.

A la exburgomaestre se le imputa el delito de lavado de activos por haber recibido hasta US$7 millones ilícitos de la empresa OAS para financiar sus campañas contra la revocatoria (2013) y de intento de reelección (2014).

A cambio de esos millonarios aportes, de acuerdo a la Fiscalía, la detenida exautoridad edil benefició a OAS -que era la accionista mayoritario de Lamsac- con la ampliación de la concesión de la Línea Amarilla de 30 a 40 años.

Tras el destape de los abonos irregulares, OAS vendió Lamsac a la compañía francesa Vinci Highways.