De la misma manera en que Edwin Oviedo buscó a un juez de Lima para esquivar la investigación del fiscal Juan Carrasco Millones, tres congresistas, argumentando un derecho de inmunidad, buscan lo mismo. Se trata de Héctor Becerril (FP), Marisol Espinoza (APP)y Javier Velásquez Quesquén (Apra).
Para hoy está programada una audiencia en la que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque evaluará la cuestión previa interpuesta por los parlamentarios, quienes quieren evitar ser incluidos en el caso Los Wachiturros de Tumán, que implica directamente al empresario Edwin Oviedo Pichotito con el presunto asesinato de dos dirigentes azucareros opositores.
Los tres alegan que Carrasco no es competente para abrirles un proceso por la inmunidad de la que gozan. En su lugar, indican en sus recursos, el fiscal de la Nación, el cuestionado Pedro Chávarry, es el único habilitado para indagarlos. No obstante, el fiscal de Chiclayo tiene argumentos para desbaratar la estrategia de estos padres de la patria.
Las pruebas
Carrasco sostiene que los tres parlamentarios actuaron alineados a los intereses de Oviedo al impulsar y votar en favor de normas que le permitieron a este último perpetrarse en la administración de las azucareras Tumán y Pomalca.
En diálogo con Perú21, el fiscal indicó que es competente para investigarlos porque, al haber transcurrido más de cinco años desde el presunto hecho ilícito, ya no les asiste la inmunidad.
A Espinoza y Velásquez Quesquén, por ejemplo, se les atribuye el delito de cohecho pasivo impropio, y las imputaciones se sostienen en lo declarado por distintos testigos.
De acuerdo con el colaborador eficaz 12-2015, en 2011 una persona enviada por Oviedo se trasladó desde Chiclayo hasta Piura portando dinero destinado a Espinoza. Al llegar a la plaza de armas de la ciudad, fue interceptado por un auto que transportaba al hermano de la legisladora, quien por ese entonces pertenecía a la bancada oficialista de Gana Perú. En el vehículo le hizo entrega de un bolso con fajos de billetes, declaró a la Fiscalía.
El mismo colaborador dijo que se procedió de manera similar con Velásquez Quesquén. En su manifestación señala que, en julio de 2011, el mismo personaje fue a Lima llevando fajos de dinero en una mochila que entregó al aprista en el hotel Sheraton.
El presunto pago habría sido retribuido a los legisladores por la votación en favor de un proyecto que luego se convirtió en ley: la que establece medidas para viabilizar el régimen de las empresas azucareras y que en su momento –y al ser evidente los intereses que estaban detrás– fue denominada como la ‘Ley Oviedo’.
A Espinoza, además, su respaldo le habría valido para que su hermano sea contratado en la empresa Tumán, de acuerdo con el colaborador.
La iniciativa fue aprobada por insistencia con 71 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones.
En 2012, otra norma contó con el apoyo de los mencionados. Esta vez, Héctor Becerril, quien hace su aparición como legislador, es protagonista junto con su colega aprista.
El 18 de octubre de ese año, ambos votaron en favor del proyecto que establece nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición de acciones de compañías azucareras.
Pero, además, a Becerril se le imputa el delito de asociación ilícita para delinquir, ya que, según el fiscal, fue uno de los miembros de Los Wachiturros de Tumán, que habría operado bajo el mando del empresario.
Con 66 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, el proyecto se convirtió en ley y permitió que el hoy presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) siga manteniéndose al frente de las empresas.
Otra muestra de la cercanía de los congresistas con Edwin Oviedo es la votación en favor de la ley de fortalecimiento de la FPF, que fue promulgada en enero pasado.
Marisol Espinoza, ahora como integrante de APP, y Becerril dieron su voto al proyecto que fue exonerado de comisión y que expresamente bloqueó las elecciones en la Federación, con lo que Oviedo la presidirá hasta 2020.
Tenga en cuenta
Perú21 intentó comunicarse con los tres congresistas para conocer sus descargos, pero no contestaron nuestras llamadas. En distintas ocasiones, los tres han negado las imputaciones.
El 11 de setiembre, la Primera Sala Constitucional de Lima resolverá la apelación de la Fiscalía contra la acción de amparo que presentó Oviedo, también protagonista de los audios de la vergüenza, para congelar las investigaciones en su contra.