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La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público, impuso una multa del 10% en el haber básico mensual del fiscal Luis Guillermo Rubén Arellano Martínez –titular provincial de la Cuarta Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada– como sanción por haber incurrido en inconducta funcional al haber vulnerado la reserva en la investigación seguida contra la red criminal del abogado Rodolfo Orellana.
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Según el informe de la citada Oficina Desconcentrada –al cual tuvo acceso este diario– Arellano Martínez entregó documentos reservados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al investigado Rodolfo Orellana.
Esta actitud fue advertida por la Procuraduría Especializada en el delito de Lavado de Activos, a cargo de Julia Príncipe, y el representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Pensiones (SBS) quienes quejaron a Arellano en la investigación N°136-2012, de haber vulnerado el deber de reserva legal al haber entregado copias del informe de Inteligencia Financiera N°022-2012-DA-UIF-SBS a Orellana.
En sus descargos, el citado fiscal sostuvo que "en aplicación al derecho de defensa, los investigados tienen acceso a toda investigación".
Además, según informes de la Policía, el fiscal Arellano acudió en una ocasión, en el año 2012, a las oficinas de Orellana, en la calle Guardia Civil en el distrito de San Borja, para notificarlo sobre el archivamiento de su caso.
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Asimismo, según los registros contables de la organización criminal descubierta por la Policía, por encargo de Rodolfo Orellana, Arellano Martínez recibió 25,000 dólares de parte del abogado y ex coordinador de las Fiscalías del Crimen Organizado, Mateo Castañeda Segovia, para que se le archivara una investigación por lavado de activos.
PROCURADORA APELAPor su parte, el pasado 14 de mayo, la procuradora Julia Príncipe apeló la controvertida decisión firmada por la fiscal Azucena Inés Solari Escobedo.
La defensora del Estado recordó que Arellano incurrió en incumplir las disposiciones legales, normas complementarias y de carácter interno emitidas por la Fiscalía de la Nación o la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público y por sus superiores jerárquicos.
"La sanción impuesta resulta desproporcional en relación a la cantidad de infracciones cometidas por el fiscal quejado", indicó.
Señaló que la Oficina Desconcentrada de Control Interno no valoró que el citado fiscal haya incurrido en inconductas funcionales ni tampoco ha tomado en cuenta que el proceso disciplinario no se originó de oficio sino que fue impulsado por la Procuraduría.
Príncipe solicitó que se le imponga una suspensión por 30 días con el 50% de descuento de su haber básico.
Cabe recordar que en agosto de 2011, el entonces fiscal de la Nación José Peláez designó a Arellano como fiscal provincial ad hoc para que investigue las denuncias contra el abogado Rodolfo Orellana.
Fabiola Valle (fvalle@peru21.com)
