Caso Odebrecht: Procuraduría ad hoc anuncia que tomará medidas cautelares tras demanda

La Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato anunció que tomará las medidas cautelares luego de que la empresa brasileña Odebrecht presentara una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial contra el Estado peruano.

En Canal N, la procuradora Silvana ad hoc Carrión señaló que dicha instancia puede aplicar las medidas legales que sean necesarias, pues la constructora brasileña aún posee activos en nuestro país.

"Nosotros estamos habilitados para aplicar las medidas cautelares, que finalmente protegen el patrimonio. Podemos tocar los activos que tienen ellos, muebles, inmuebles, a favor del Estado peruano. Tiene activos por Rutas de Lima, Olmos, Interoceánica", manifestó.

Por su parte, el procurador ad hoc Jorge Ramírez refirió que Odebrecht “va a tener que asumir las consecuencias de la demanda” y señaló que no se pueden fijar reparaciones civiles en proyectos donde no hayan aceptado delitos, pero remarcó que sí se puede garantizar los pagos de una futura reparación civil.

"A nosotros no nos ha sorprendido esta información. Tenemos unas cláusulas que nos permite utilizar información que ha dado la propia empresa para utilizarlas en la defensa del Estado en el arbitraje", refirió.

Tras asegurar que el CIADI no acepta dar la razón en proyectos donde hay corrupción, Ramírez estimó que la demanda presentada por Odebrecht “no tiene ninguna posibilidad de éxito”.

“Toda esta prueba va a ser enviada por el Estado peruano para hacer una defensa sólida […] Nosotros estamos tranquilos. Odebrecht se ha visto presionada por sus acreedores en Brasil”, subrayó.

Según precisó Odebrecht en su demanda, la empresa sufrió un “golpe muy fuerte” a raíz de la cancelación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), integrado por la empresa, Enagás y Graña y Montero.

Detalló que la demanda responde a la necesidad de Odebrecht de cumplir con sus acreedores y exige más de US$1.200 millones de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).