El procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, tomó una postura diferente a la de la Fiscalía y entregó a la unidad funcional, que debe aprobar el desembolso de S/524 millones a Odebrecht, una lista de investigaciones en las que su instancia participa.
Ramírez envió la semana pasada a Cecilia García Díaz, coordinadora de la referida unidad, un oficio en que responde a dos consultas que la funcionaria formuló al generarse una controversia en torno a la sentencia que legalizó el acuerdo suscrito con la empresa brasileña.
La primera interrogante de García, conoció Perú21, estaba orientada a conocer si había alguna distinción entre procesos penales e investigaciones. Y esto debido al informe del fiscal Rafael Vela en el que indica que los procesos penales son las indagaciones en fase preparatoria, una etapa –consideró Vela– en la que no estaba calificada la compañía.
El procurador respondió que no podía emitir una opinión al respecto porque un fallo no puede ser interpretado, amparándose en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La segunda consulta, en realidad, fue un pedido y era la precisión de todas las investigaciones a Odebrecht en las que la Procuraduría ad hoc tiene competencia.
Es así que el procurador Ramírez envió una lista en la que clasificó los casos en tres categorías, sin distinguir las fases en las que se encontraban: los que están en el acuerdo, los que no son partes del acuerdo pero están vinculados al mismo y el resto de investigaciones en las que implícitamente está involucrada Odebrecht.
¿Por qué era importante esto? Para Vela, la jueza condicionó la entrega del dinero si la empresa afrontaba una investigación preparatoria. Pero para Ramírez, la magistrada se habría referido a las investigaciones en general.
El lunes, el fiscal José Domingo Pérez se reunió con el procurador y, según fuentes, coincidieron en que la jueza debe aclarar las dudas. Las partes (equipo fiscal, procuraduría y la empresa) esperan que la magistrada convoque a una audiencia antes de resolver.
DATOS
- Los S/524 millones que reclama Odebrecht son el dinero retenido en el fideicomiso que, de acuerdo a la sentencia, se le debe devolver a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla. Esos recursos deben ser usados por la empresa para pagar sus deudas con otras compañías con las que tercerizó contratos.
- Entre los casos fuera del acuerdo que consignó la Procuraduría figuran, por ejemplo, el Gasoducto del Sur (fase preliminar) y la carretera San José de Sisa.
- Odebrecht se allanó a colaborar con las investigaciones.