Caso Nolasco: Audios hundirían a César Álvarez por crimen de exconsejero

Audios de conversaciones telefónicas interceptadas en la primera etapa de investigación a la red criminal constituida en Áncash serían las pruebas más contundentes para determinar la culpabilidad del titular de la región, César Álvarez.

Según fuentes allegadas al caso, la Policía contaría con escuchas en las que Álvarez hablaba sobre los homicidios de sus oponentes y otras actividades ilícitas que realizaba.

[César Álvarez: De tenaz fiscalizador a denunciado por crímenes]

Estos audios, considerados las principales pruebas del caso, resultaron de conversaciones sostenidas entre el presidente regional y otros miembros de la red detenidos tras la resolución emitida por el Tercer Juzgado Penal Nacional que ordenó la captura de 30 implicados en el asesinato del exconsejero Ezequiel Nolasco.

El trabajo de interceptación fue realizado durante el periodo de 30 días otorgado por la Fiscalía de Crimen Organizado a la Policía para realizar seguimiento a los investigados. Fue el mismo trabajo que se realizó para desbaratar al Clan del Norte y La Gran Familia.

[Víctor Crisólogo negó pertenecer a red que lideraría César Álvarez]

INTERROGADOSDe otro lado, el pasado jueves la División de Homicidios interrogó a cuatro de los detenidos: Joel Cruzate Pereda 'Colombiano', Jhonny Saavedra Acosta 'Jhonny', Rubén Moreno Olivo 'Goro' y Edwin Fajardo Pittman 'Chelele'.

Según fuentes policiales, tanto Cruzate como Saavedra dijeron no conocer personalmente ni haber tenido contacto con César Álvarez, pero aseveraron tener conocimiento, por sus intermediarios, de que él era el interesado en los asesinatos ordenados contra sus opositores José Luis Sánchez Milla y Ezequiel Nolaco.

[Velásquez: Mafia en Áncash no pudo operar sin apoyo del Gobierno Central]

Al cierre de esta edición, la división aún interrogaba a los sicarios 'Goro' y 'Chelele'.

DATO

- El procurador anticorrupción Christian Salas indicó que su despacho tiene bajo la lupa a las regiones de Tumbes, Cajamarca, Loreto y Junín por supuestas asociaciones ilícitas conformadas por los presidentes regionales.