(Renzo Salazar)
(Renzo Salazar)

Redacción PERÚ21

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El Poder Judicial difundió este martes un comunicado en el que defiende el fallo que emitió, en diciembre de 2009, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y con la que se absolvió al ex presidente de ser responsable de torturas y ejecuciones extrajudiciales cuando era capitán del Ejército en la base militar de , en 1992.

"Este es el caso que da a lugar a la intervención de diversos analistas y políticos que, sin mayores argumentos, ponen en tela de juicio la probidad de los magistrados que emitieron esa decisión y que incluso reclaman la intervención del Congreso para la investigación y sanción de aquellos —presumiendo la culpabilidad", se lee en el documento.

Este poder del Estado, además, defendió de los cuestionamientos al juez supremo César San Martín, quien por ese entonces era titular de la sala que vio el caso Madre Mía, y a los demás magistrados que intervinieron en las diligencias.

Señaló que los testimonios que se han conocido en los últimos días —en los que familiares de víctimas y soldados sindican a Humala como autor de asesinatos— no fueron advertidos por los fiscales y jueces que encabezaron el proceso judicial de esa época.

"Los audios en cuestión son de reciente conocimiento y, por tanto, no estaban a disposición de fiscales y jueces que se pronunciaron en el aludido proceso penal. Es insostenible presumir que su existencia pudo ser advertida en el año 2009, en que se emitieron los requerimientos fiscales y resoluciones judiciales concernidas (en el caso participaron diez magistrados, no solo un juez supremo como a menudo se menciona)", agrega la misiva.

El PJ recordó que fueron los propios fiscales los que recomendaron al tribunal no iniciar juicio contra Ollanta Humala porque no habían pruebas que demostraran lo dicho por los testigos. Sin embargo, el Ministerio Público consideró que las desapariciones y asesinatos sí ocurrieron.

Cabe recordar que, tras conocerse que hubo pago de coimas para que testigos cambien de versión durante las investigaciones, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició una investigación a César San Martín con la finalidad de evaluar su proceder en el proceso penal.

El legislador fujimorista Héctor Becerril también denunció a San Martín ante el CNM porque estas nuevas evidencias corroborarían lo escrito por la ex primera dama Nadine Heredia en sus agendas —en las que plasmó lo que parecía ser la estrategia legal que aplicaría Ollanta Humala con el juez supremo como protagonista.

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